Un grupo de ciudadanos estadounidenses, organizaciones de derechos humanos e inmigrantes ha presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la eliminación del programa de parole humanitario, una medida que permitía la entrada y residencia temporal en Estados Unidos de personas provenientes de países en conflicto o con inestabilidad política.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, busca restablecer este programa que benefició a migrantes de países como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que contaran con patrocinadores residentes en el país.
Lo más leído hoy:
Países que han sido beneficiarios del parole humanitario
Ucrania: En respuesta a la crisis derivada de la invasión rusa en 2022, Estados Unidos implementó el programa "Unidos por Ucrania", que permite a ciudadanos ucranianos y sus familiares directos ingresar al país por un periodo de dos años, siempre que cuenten con un patrocinador estadounidense que los apoye financieramente.
Afganistán: Tras la retirada de las tropas estadounidenses y la toma del poder por parte de los talibanes en 2021, Estados Unidos otorgó parole humanitario a ciertos afganos, especialmente aquellos que colaboraron con el gobierno estadounidense, como intérpretes y personal de seguridad, así como a sus familiares inmediatos.
Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela: En enero de 2023, la administración del presidente Joe Biden amplió el programa de permisos temporales para incluir a ciudadanos de estos cuatro países.
Este permiso les otorgaba una estancia en Estados Unidos por un periodo de dos años, siempre que cuenten con un patrocinador que respalde su estadía.
La incertidumbre de los migrantes tras la eliminación del programa
Entre los demandantes se encuentran ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de la cancelación del programa.
Sin embargo, con la eliminación del parole humanitario, sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones para regularizar su estatus migratorio fueron suspendidas, dejándolos en un limbo legal.
Uno de los afectados es Alejandro Doe, quien huyó de Nicaragua tras el secuestro y la tortura de su padre.
Otro de los demandantes es Omar Doe, un afgano que trabajó durante más de 18 años con el ejército estadounidense en su país de origen y que ahora teme ser deportado.
También figuran en la demanda la pareja ucraniana Maksym y Maria Doe, quienes llegaron a EE.UU. buscando seguridad, pero ahora enfrentan un futuro incierto.
Muchos de ellos han decidido mantenerse en el anonimato ante el temor de represalias o deportaciones inmediatas.
Según Esther Sung, abogada del Centro de Acción de Justicia, que presentó la demanda junto a la organización Human Rights First, la administración de Trump ha cerrado casi todas las vías legales para la inmigración.
“La administración Trump está tratando de atacar la libertad condicional desde todos los ángulos”, denunció Sung.
Ciudadanos y organizaciones se suman a la demanda
El proceso legal no solo cuenta con el respaldo de migrantes afectados, sino también con el apoyo de tres ciudadanos estadounidenses y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Entre los ciudadanos demandantes se encuentra Kyle Varner, un médico de 40 años e inversor inmobiliario de Spokane, Washington; Sandra McAnany y Wilhen Pierre Victor, quienes han expresado su preocupación por las medidas antiinmigrantes de la administración Trump.
También participa en la querella la Haitian Bridge Alliance, una organización con sede en California que brinda asesoramiento legal y apoyo a migrantes en situación de vulnerabilidad.
Traslado de migrantes a Guantánamo: una nueva controversia
Paralelamente, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha presentado otra demanda contra el gobierno de Trump para frenar el traslado de migrantes a la base naval de Guantánamo, Cuba.
Según la denuncia, la administración ha comenzado a enviar a migrantes detenidos a un centro de detención en Guantánamo, lo que ha generado preocupaciones sobre las condiciones en las que estarían retenidos.
La ACLU sostiene que esta práctica es ilegal y que “viola los derechos humanos” al colocar a los migrantes en una prisión remota sin acceso adecuado a asistencia legal.
Represión contra trabajadores agrícolas migrantes
Las acciones legales contra la administración Trump también incluyen una demanda presentada en California por la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), que acusa a la Patrulla Fronteriza de realizar redadas arbitrarias en comunidades latinas alejadas de la frontera.
La querella denuncia discriminación racial, maltrato y presiones a los migrantes para que acepten la deportación sin el debido proceso legal.
Según el documento, agentes federales viajaron más de 480 kilómetros desde la frontera para detener a trabajadores del campo sin pruebas claras sobre su estatus migratorio.
El impacto de las políticas migratorias de Trump
Desde su llegada al poder, el presidente Donald Trump hizo de la lucha contra la inmigración una de sus principales promesas de campaña, promoviendo medidas más estrictas para frenar la entrada de migrantes y facilitando deportaciones masivas.
Con la eliminación del parole humanitario y el endurecimiento de las políticas migratorias, organizaciones de derechos humanos y expertos advierten que miles de personas podrían quedar en una situación de extrema vulnerabilidad.
La batalla legal contra la administración Trump continúa, mientras los afectados esperan que el sistema judicial estadounidense pueda frenar las medidas que restringen la inmigración legal y humanitaria.
Preguntas frecuentes sobre la demanda para restablecer el parole humanitario en EE.UU.
¿Qué es el programa de parole humanitario y por qué ha sido demandado su restablecimiento?
El programa de parole humanitario permitía la entrada y residencia temporal en Estados Unidos a personas de países en conflicto o con inestabilidad política. Ha sido demandado su restablecimiento porque fue eliminado por la administración Trump, dejando a muchos migrantes en un limbo legal. La demanda presentada busca que se vuelva a implementar este programa, que benefició a migrantes de países como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
¿Cómo afectó la eliminación del parole humanitario a los migrantes?
La eliminación del parole humanitario dejó a muchos migrantes en un limbo legal, ya que sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones para regularizar su estatus migratorio fueron suspendidas. Esto ha generado incertidumbre y la posibilidad de enfrentar deportaciones. Además, la cancelación del programa ha impactado especialmente a aquellos que ingresaron legalmente a EE.UU. antes de su eliminación.
¿Qué opciones legales tienen los migrantes afectados por la eliminación del parole humanitario?
Los migrantes afectados por la eliminación del parole humanitario tienen algunas opciones legales dependiendo de su país de origen. Por ejemplo, los venezolanos y haitianos pueden solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras que los cubanos pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Es crucial que los migrantes busquen asesoría legal especializada para explorar estas alternativas y evitar la deportación.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Trump respecto a los migrantes con parole humanitario?
El gobierno de Trump ha otorgado más poder al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar de manera acelerada a inmigrantes que ingresaron bajo el programa de parole humanitario. Estas medidas buscan endurecer las políticas migratorias y limitar las opciones legales disponibles para los migrantes. La administración Trump planea desmantelar por completo el programa, lo que podría llevar a deportaciones masivas.
Archivado en:
