El gobierno del presidente Donald Trump ha dado marcha atrás en su decisión de suspender los servicios legales financiados por fondos federales a niños migrantes no acompañados que llegan a EE.UU.
La medida, inicialmente anunciada el martes, generó una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas, quienes advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los menores al quedar sin representación legal en procesos migratorios.
Lo más leído hoy:
La suspensión afectaba a un programa diseñado para proporcionar asistencia legal a niños que llegan solos a Estados Unidos a través de la frontera con México, sin la compañía de padres o tutores legales.
Esta decisión obligaba a detener los trabajos de diversas organizaciones que prestan apoyo jurídico a estos menores, incluidos aquellos que "son tan pequeños que usan pañales o cuyas piernas cuelgan de las sillas en la corte".
Sin embargo, este viernes el gobierno federal comunicó a los grupos involucrados que podían reanudar sus actividades.
Según el Acacia Center for Justice, una de las principales organizaciones afectadas, el gobierno les notificó que "había dado marcha atrás en su decisión previa".
El aviso oficial del Departamento del Interior, obtenido por la agencia Associated Press, fue claro pero escueto: “El Acacia Center for Justice puede reanudar todas las actividades”.
La notificación no ofreció una explicación detallada sobre el motivo detrás de la revocación de la suspensión.
La importancia del programa legal
El programa en cuestión, respaldado por un contrato de 200 millones de dólares, permite que Acacia y sus subcontratistas proporcionen representación jurídica a aproximadamente 26,000 niños migrantes, además de brindar educación legal a otros 100,000 menores más.
Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, señaló que su organización continuará colaborando con el gobierno "para garantizar que estos servicios cruciales que defienden los derechos básicos al debido proceso de los niños vulnerables sean completamente restaurados".
Aber también subrayó que este es un momento crítico para asegurar que "ningún niño se vea obligado a navegar solo por el sistema de inmigración".
La preocupación pública por la suspensión fue inmediata y contundente.
Según informó Acacia, en menos de 48 horas se enviaron más de 15,000 cartas al Congreso de Estados Unidos exigiendo la reanudación del programa legal para estos menores.
El programa está financiado a través de un contrato de cinco años, aunque el gobierno federal tiene la capacidad de decidir al final de cada año fiscal si lo renueva o no.
La fecha límite para tomar la decisión correspondiente a este año vence en marzo, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del apoyo legal a estos niños migrantes.
A pesar de la revocación de la suspensión, persisten las preocupaciones entre los defensores de los derechos de los inmigrantes.
Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, subcontratista de Acacia, expresó su inquietud: “Estoy muy preocupado porque el ataque a los niños no tiene precedentes”.
Según Lukens, de haberse mantenido la orden inicial, "habría dejado a los niños en todo el país sin el debido proceso ni protección".
El marco legal que protege a los menores migrantes
La protección de los niños migrantes no acompañados en Estados Unidos está respaldada por leyes vigentes, como la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, que establece que el gobierno debe facilitar la representación legal de los menores sometidos a procedimientos de deportación.
No obstante, la ley no obliga a que cada niño tenga un abogado asignado automáticamente.
Estos menores, al ser menores de 18 años, tienen derecho a solicitar asilo, estatus migratorio juvenil o visas específicas para víctimas de explotación sexual, dependiendo de sus circunstancias individuales.
Asimismo, el programa revocado temporalmente afectaba también al Acuerdo Judicial Flores de 1997, que establece normas sobre cómo deben ser tratados los menores bajo la custodia del gobierno federal.
Este acuerdo ha sido cuestionado por varias administraciones, incluyendo las de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden.
A pesar de las controversias, sigue siendo un pilar legal que protege los derechos básicos de los menores migrantes, garantizando que reciban asistencia legal adecuada.
Las asesorías legales que reciben estos niños provienen, en su mayoría, de organizaciones civiles sin fines de lucro financiadas con fondos gubernamentales. Estas organizaciones tienen la responsabilidad de asegurar que los niños puedan "navegar dentro del marco del debido proceso migratorio y defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos".
Wendy Young, presidenta de la organización Kids in Need of Defense, instó al gobierno a mantener el rumbo actual, señalando que “la decisión de restaurar los fondos asegura la continuación de protecciones vitales para los niños vulnerables”.
Preguntas frecuentes sobre la revocación de medidas migratorias por parte de Trump
¿Por qué el gobierno de Trump revocó la suspensión de servicios legales para niños migrantes?
El gobierno de Trump decidió revocar la suspensión de servicios legales para niños migrantes tras recibir críticas de organizaciones de derechos humanos y activistas. La medida inicial dejaba a los menores sin representación legal en procesos migratorios, lo que generó una fuerte preocupación pública y 15,000 cartas enviadas al Congreso pidiendo la reanudación del programa.
¿Cuál es la importancia del programa legal para niños migrantes?
El programa legal es crucial para proporcionar representación jurídica a niños migrantes no acompañados, protegiendo sus derechos básicos al debido proceso. Financiado con un contrato de 200 millones de dólares, el programa asegura que unos 26,000 niños reciban asistencia legal, además de ofrecer educación legal a otros 100,000 menores.
¿Qué otras medidas migratorias ha tomado Trump en su segundo mandato?
Trump ha adoptado un enfoque más duro contra la inmigración irregular, incluyendo la eliminación del Parole Humanitario, la reinstauración de los Protocolos de Protección a Migrantes, y la reanudación de la construcción del muro fronterizo. También ha ordenado la designación de ciertos grupos como organizaciones terroristas y ha eliminado ayudas federales para inmigrantes indocumentados.
¿Cómo afecta la eliminación del Parole Humanitario a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela?
La eliminación del Parole Humanitario complica el ingreso legal de migrantes de estos países a Estados Unidos. Anteriormente, el parole ofrecía una vía legal para entrar al país, disuadiendo la inmigración ilegal. Ahora, sin esta herramienta, las comunidades de migrantes enfrentan una mayor incertidumbre y posibles detenciones o deportaciones.
Archivado en:
