La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) celebró recientemente su reunión anual correspondiente a 2024, un encuentro donde el aparato legal y represor del régimen cubano se felicitó por la disminución en el éxodo de fiscales.
“Aunque insuficiente aún, se logra el 76 % de completamiento de la plantilla. Significa un hecho de una contención del éxodo de este personal”, indicó en su intervención el vicepresidente Salvador Valdés Mesa.
Lo más leído hoy:
El reporte del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV) también recogió las palabras del dirigente, celebrando que los datos indicaban "una ligera mejoría comparado con el año anterior 2023".
"Es positiva la relación de los trabajadores que ingresan y los que salen del sistema, y se han diversificado las fuentes de incorporación al órgano”, concluyó el vicepresidente.
Presidido por el gobernante Miguel Díaz-Canel en compañía del primer ministro Manuel Marrero Cruz y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, el encuentro sirvió una vez más para demostrar la subordinación del organismo y el ministerio de Justicia (MINJUS) al poder del régimen totalitario.
La Fiscalía, que en el pasado había expresado su preocupación por la disminución de la plantilla y el éxodo de funcionarios, se congratuló de haber contenido una hemorragia que coincidió con el aumento de la represión en Cuba posterior al 11J y la crisis migratoria desatada desde entonces.
Crisis de fiscales en Cuba y el impacto del éxodo
A pesar del optimismo gubernamental, la crisis en la retención de fiscales llegó a alcanzar tal magnitud que sonaron las alarmas en el régimen cubano, siempre necesitado de funcionarios que enmascaren la represión en el entramado legal construido para ello.
En Ciego de Ávila, por ejemplo, entre 2022 y 2023 se registraron 28 renuncias de fiscales, superando las 22 ocurridas en los cinco años anteriores. Esta situación ha dejado a la Fiscalía Provincial operando con poco más de la mitad de su plantilla necesaria para cubrir los 10 municipios de la región.
Ante este escenario, el régimen ha planteado medidas como adelantar la graduación de estudiantes de Derecho y reconocer el desempeño de jóvenes graduados de Técnico Medio en Derecho para suplir las vacantes existentes.
Deserciones de altos funcionarios judiciales
El éxodo no solo afecta a fiscales de base, sino también a altos funcionarios del sistema judicial.
Un caso emblemático es el de la jueza Melody González Pedraza, quien tras condenar a cuatro jóvenes por "atentado" en 2022, solicitó asilo político en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, en mayo de 2024.
A pesar de haber llegado con un Parole Humanitario, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada debido a su historial en Cuba, obligándola a pedir asilo y enfrentarse a un proceso legal en territorio estadounidense.
Otro caso destacado es el de Rosabel Roca Sampedro, fiscal del Tribunal Municipal de Camagüey, conocida por su participación en los juicios contra manifestantes del 11 de julio de 2021.
Roca Sampedro emigró a México y, desde allí, solicitó visa para ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación CBPOne. Su historial represivo ha generado controversia sobre su intento de establecerse en territorio estadounidense.
Futuro de la “justicia revolucionaria” en Cuba
En respuesta a la crisis de éxodo de fiscales y jueces, las autoridades cubanas han intentado resaltar el compromiso de los profesionales que permanecen en el país.
Un video filtrado en 2018 mostró al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, declarando la lealtad de los jueces a "la revolución" y al Partido Comunista por encima de todo, dejó en evidencia la falta de independencia judicial en Cuba.
Seis años más tarde, durante una reunión celebrada en Artemisa, Remigio Ferro destacó las expresiones de unidad y vocación de los jueces y trabajadores, enfatizando su disposición a continuar en sus puestos a pesar de las adversidades.
No obstante, la realidad muestra una tendencia sostenida de salida de profesionales del sector judicial, lo que plantea desafíos significativos para el sistema de la llamada “justicia revolucionaria” en Cuba, una entelequia caracterizada por la falta de independencia judicial y la subordinación de la justicia al poder del régimen comunista totalitario.
Archivado en:
