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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el jueves un amplio paquete de leyes para combatir la inmigración ilegal y reforzar las deportaciones masivas en el Estado.
"Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país. Estamos a la vanguardia en la lucha por poner fin a la crisis de la inmigración ilegal", dijo.
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El político republicano sancionó normas para exigir la participación estatal y local en la aplicación de la ley federal de inmigración, convertir en delito el ingreso ilegal a Florida y poner fin a la captura y liberación de extranjeros delincuentes.
"Todas son políticas excelentes", recalcó en su cuenta de X.
La nueva legislación establece la pena de muerte para los inmigrantes indocumentados que cometan delitos capitales como asesinato en primer grado o violación de menores. Es una disposición que va más allá de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, y demócratas y legisladores alegan que es inconstitucional y anuncian una posible demanda ante los tribunales.
Las nuevas leyes aumentarían las penas para todos los delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular y crearían un nuevo delito por entrar al estado después de llegar ilegalmente al país.
Otra disposición que ha generado críticas en ambos partidos deroga la ley que autorizaba a los estudiantes del estado con status ilegal calificar para la matrícula estatal en universidades y colegios públicos.
DeSantis ha destinado 298 millones de dólares para la aplicación de las leyes migratorias.
Con ese dinero se contratará a más de 50 nuevos agentes de la ley centrados en la inmigración, se entregarán subvenciones para equipar y capacitar a las agencias locales, bonificaciones para los oficiales que ayudan en las operaciones federales y reembolsos por el alquiler de centros de detención.
Según Telemundo 51, el martes sesionarán la Cámara de Representantes y el Senado, ambos dominados por los republicanos, y al día siguiente trabajarán los comités de presupuesto. El jueves, las dos cámaras celebrarán sesiones plenarias, en las que deben aprobarse los proyectos.
Preguntas frecuentes sobre el paquete de leyes contra la inmigración ilegal en Florida
¿Qué medidas incluye el nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis en Florida contra la inmigración ilegal?
El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis en Florida incluye la participación estatal y local en la aplicación de la ley federal de inmigración, la criminalización del ingreso ilegal al estado y el fin de la política de captura y liberación de extranjeros delincuentes. También aumenta las penas para delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular y crea un nuevo delito por entrar al estado después de llegar ilegalmente al país.
¿Por qué es controvertida la nueva legislación migratoria en Florida?
La nueva legislación migratoria en Florida es controvertida porque establece la pena de muerte para inmigrantes ilegales que cometan delitos capitales, como asesinato en primer grado o violación de menores. Esta disposición ha sido criticada por demócratas y algunos legisladores de Florida, quienes la consideran inconstitucional y han anunciado posibles demandas ante los tribunales.
¿Cómo afecta la nueva legislación a los estudiantes indocumentados en Florida?
La nueva legislación afecta a los estudiantes indocumentados en Florida al derogar la ley que les permitía calificar para la matrícula estatal en universidades y colegios públicos. Esta medida ha sido un punto de crítica, especialmente porque desde 2014, más de 6,500 estudiantes indocumentados han podido acceder a la educación superior gracias a esta política.
¿Cuánto se destinará para la aplicación de estas nuevas leyes migratorias en Florida?
Florida destinará 298 millones de dólares para la aplicación de las nuevas leyes migratorias. Este presupuesto se utilizará para contratar a más de 50 nuevos agentes de la ley enfocados en inmigración, otorgar subvenciones para equipar y capacitar a las agencias locales, ofrecer bonificaciones a los oficiales que colaboren con operaciones federales y reembolsar el alquiler de centros de detención.
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