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La fiscal estatal de Florida, Ashley Moody, interpuso el pasado martes una queja en la que demanda falta de información por parte de la administración federal de Joe Biden-Kamala Harris sobre las políticas que permiten la puesta en libertad de “inmigrantes criminales” que salen de las cárceles estadounidenses.
Según señala Efe, esta demanda va en consonancia con la falta de respuesta a la solicitud formal, hecha en marzo pasado por Florida, donde exige conocer las razones que impiden deportar a inmigrantes que han cumplido su condena en las cárceles del país.
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Una vez que salen de prisión, los “inmigrantes ilegales peligrosos”, como los califica la fiscal, no son deportados a sus países de orígenes, apunta en la reclamación.
“Exigimos saber las razones por las que la Administración de Biden está liberando a extranjeros ilegales criminales en prisiones estadounidenses directamente al interior, en lugar de deportarlos de regreso a su país de origen”, expresó la fiscal estatal en su comunicación del pasado marzo, donde alegaba que la Administración federal “tiene pleno conocimiento” de la entrada de prisioneros de otros países a través de la frontera de Estados Unidos con México.
Además, la funcionaria ha señalado que, a la fecha, tras no haberse cumplido su petición, amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), entonces se refleja que desde la Casa Blanca “no entregarán documentos que muestren este plan peligroso e ilegal de manera oportuna”.
Asimismo, Moody pide ver los registros que amparen una negativa por parte de las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el buró federal de prisiones, en cuanto a la custodia de los inmigrantes liberados de las prisiones.
La fiscal citó como ejemplo una supuesta toma de control de un complejo de apartamentos en Colorado a manos de una “pandilla criminal extranjera”, adjudicada a la banda transnacional Tren de Aragua, un hecho que ha sido desmentido por la Policía local, aunque no se negó la existencia de este tipo de elementos criminales.
En medio del período electoral en Estados Unidos, la migración ha sido un punto clave entre los dos candidatos a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump.
Precisamente, el Partido Republicano aprobó en julio pasado un programa electoral que contempla llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país en caso de que su candidato, Trump, gane las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.
A comienzos de mayo el expresidente ya había anticipado que llevará a cabo la mayor operación de deportación si resultara elegido.
Incluso, el candidato republicano ha acusado, sin pruebas oficiales, a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, de enviar criminales a Estados Unidos como parte de su estrategia para reducir la delincuencia en la nación centroamericana.
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