El gobierno cubano ha anunciado una nueva iniciativa para promover la pesca sostenible y proteger la biodiversidad en sus costas, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El proyecto, que cuenta con un financiamiento de 1,3 millones de dólares proporcionado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), fue presentado este martes por medios oficialistas como un paso importante hacia la sostenibilidad ambiental en el sector pesquero.
El proyecto Conpescas Guacanayabo, que forma parte de esta iniciativa, busca fortalecer las capacidades del Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) y los departamentos técnicos de las empresas pesqueras que operan en el Golfo de Guacanayabo, en la costa suroriental de las provincias de Granma, Camagüey y Las Tunas.
Entre los objetivos declarados por la FAO en un comunicado difundido en su web está la gestión sostenible de los recursos marinos y la promoción de prácticas pesqueras que sean respetuosas con el medio ambiente en Cuba.
Sin embargo, en un país donde el acceso a alimentos básicos -incluido el pescado- es limitado y donde la población enfrenta una crisis alimentaria aguda, surge la pregunta de cuánto se beneficiarán realmente los ciudadanos de esa inversión de 1,3 millones de dólares.
Mientras el gobierno cubano celebra este proyecto como un avance hacia la sostenibilidad, la realidad es que el cubano promedio apenas tiene acceso a productos del mar debido a la escasez y los altos precios, agravados por un sistema de distribución ineficiente.
La iniciativa incluye la adquisición de equipos sofisticados como sistemas de georeferenciación, herramientas para la medición de parámetros físico-químicos y oceanográficos, y medios de buceo para estudios marinos.
Aunque estos recursos son vitales para la investigación y la sostenibilidad a largo plazo, es legítimo cuestionar si estas inversiones tendrán un impacto tangible en el acceso de los cubanos a más pescado o a una dieta más diversificada.
El proyecto también prevé fortalecer las capacidades de los laboratorios con microscopios, balanzas, reactivos y equipos de refrigeración, todo orientado a mejorar la vigilancia y el control de enfermedades acuáticas, así como la calidad de los recursos marinos.
La duda es, ¿qué tan efectiva será esta inversión en mejorar la calidad de vida de los cubanos, cuando la mayoría sigue sin poder acceder a estos recursos debido a las restricciones y la escasez generalizada?
Cuba fue una de las naciones fundadoras de la FAO en 1945, y ha mantenido una relación estrecha con la organización, especialmente desde que estableció una representación oficial en La Habana en 1978.
Las áreas de cooperación han abarcado la agroindustria, la agricultura sostenible, la inclusión social, la acuicultura y el cambio climático. No obstante, a pesar de estos proyectos y colaboraciones, la realidad en la mesa de los cubanos ha cambiado poco.
El impulso hacia una pesca más sostenible es sin duda un objetivo loable, pero es imperativo que las autoridades cubanas se pregunten cómo estos esfuerzos pueden traducirse en beneficios reales y concretos para una población que sigue esperando soluciones a la crisis alimentaria que enfrenta día a día.
La sostenibilidad ambiental no debería estar divorciada de la sostenibilidad social, y el éxito de este proyecto debe medirse, en última instancia, por el impacto directo que tenga en el acceso de los cubanos a alimentos esenciales como el pescado.
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