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La reciente decisión de la administración de Joe Biden de suspender temporalmente la emisión de permisos de viaje para beneficiarios del parole humanitario ha generado preocupación e incertidumbre entre los posibles afectados.
Los más perjudicados serán aquellas personas cuyas solicitudes están siendo revisadas o que ya habían recibido aprobación preliminar para el parole humanitario.
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Según el informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), muchas de estas personas podrían ver revocados sus permisos o enfrentarse a largas demoras en el proceso debido a la necesidad de reexaminar la autenticidad de sus solicitudes.
Esto podría tener un impacto significativo en los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que buscan una vía segura para entrar a Estados Unidos, especialmente aquellos que han dependido de la buena fe de sus patrocinadores en Estados Unidos.
Esta medida surge tras la detección de “fraudes significativos” en el programa CHNV (Cuba-Haití-Nicaragua-Venezuela), que permite a ciudadanos de estos países obtener permisos para ingresar a Estados Unidos bajo condiciones especiales.
El DHS ha revelado que la suspensión está motivada por los hallazgos de una investigación interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la cual destapó una serie de irregularidades y fraudes en el proceso de solicitud de estos permisos.
Los resultados de la investigación, obtenidos por la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), muestran un panorama alarmante de fraudes masivos que afectan tanto a los solicitantes como al sistema en general.
Entre los principales problemas detectados se encuentran el uso de números de Seguro Social (SSN) falsos, muchos de los cuales pertenecen a personas fallecidas, y la utilización de direcciones de correo electrónico y números de teléfono falsos o repetidos en múltiples solicitudes.
Además, el informe destaca que algunas direcciones físicas fueron utilizadas en miles de formularios diferentes, lo que indica la posible existencia de redes de fraude organizadas.
Los patrocinadores también están bajo escrutinio. El informe revela que algunos de ellos presentaron múltiples solicitudes fraudulentas, lo que podría llevar a sanciones legales y a la suspensión de su capacidad para actuar como garantes en el futuro.
Esta situación plantea serias dudas sobre la eficacia de los controles implementados por el USCIS y la posibilidad de que otros programas de inmigración puedan estar igualmente comprometidos.
En resumen, la suspensión temporal del parole humanitario refleja una crisis de confianza en un sistema que, según el DHS, ha sido explotado de manera significativa.
Los beneficiarios y patrocinadores legítimos podrían verse gravemente afectados, mientras que el gobierno enfrenta el desafío de restaurar la integridad de este programa vital para miles de personas.
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