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El periodista y activista cubano José Luis Tan fue detenido el viernes arbitrariamente por la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey y recibió amenaza con cárcel si realiza cualquier movimiento contra el régimen el próximo 11 de julio (11J).
A través de la red social Facebook, Tan relató que la detención ocurrió mientras se conectaba a internet en el Parque Agramonte, cuando una agente identificada como "Laura", se le acercó, le quitó el móvil y lo intimidó con arrestarlo si gritaba.
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Segundos después, el activista fue trasladado en una patrulla hasta la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y, ya en el lugar, "Laura" y otro agente conocido como "Marcelo", le soltaron varias advertencias.
Durante el interrogatorio, le expusieron que no podía estar en lugares públicos ni hacer publicaciones el próximo 11 de julio, acusándolo de ser un "líder negativo" en la provincia.
A pesar de recibir una carta de advertencia, el activista se negó a firmarla y fue amenazado con ser procesado por desobediencia y desacato si no cumplía con las órdenes.
Pese a la enésima desagradable situación contra su persona, Tan no se amilanó y reafirmó su compromiso con el periodismo independiente y su determinación de no dar la espalda a las injusticias.
De hecho, el comunicador, que también publicó un video para explicar la situación, estuvo encarcelado a finales de abril e inicios de mayo sin motivos, lo cual movilizó a los cubanos que luchan por la libertad y el régimen no tuvo más opción que liberarlo.
El joven integra un grupo de activistas por los derechos humanos, familiares de presos políticos y periodistas en Camagüey, que propusieron seis pasos que consideran imprescindibles para salvar al pueblo cubano de la actual crisis económica y liberarlo de la tiranía.
Entre las medidas está el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas, la eliminación de todas las barreras que frenan la economía y la liberación de los presos políticos, así como el cese de cualquier tipo de hostigamiento.
El grupo exigió, además, el uso adecuado de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas, la eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución y la celebración de elecciones verdaderamente democráticas en un plazo no mayor de seis meses.
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