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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) anunció nuevas medidas para aumentar la capacidad general de los recursos de control, incluidos los vuelos de repatriación y la capacidad de detención, en apoyo a la Orden Presidencial anunciada el 4 de junio de 2024, y la Regla Final Provisional conjunta del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, titulada “Asegurando la Frontera”.
Según un comunicado emitido por la entidad el fin es agilizar “significativamente el proceso de deportación acelerada de aquellas personas que ingresen al país sin tener una base legal para permanecer en los Estados Unidos”.
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Una de las primeras acciones tomadas por ICE mencionan que es la optimización de “los contratos de fletamento aéreo para garantizar que se pueda realizar la máxima cantidad de vuelos de repatriación semanalmente”.
El pasado año aseguran que completaron 29 vuelos de repatriación por semana, lo cual consideran posible gracias “a los continuos esfuerzos diplomáticos para ampliar significativamente el número de países a los que ICE puede expulsar regularmente a personas”.
El organismo estadounidense mencionó una serie de países a los cuales ha logrado enviar a repatriados, entro los que destacó territorios de América del Sur y del hemisferio oriental.
Asimismo, afirmaron que “los esfuerzos para ampliar el número de vuelos de expulsión continúan con la expectativa de que se agreguen vuelos adicionales al cronograma en las próximas semanas para imponer rápidamente consecuencias a las personas que cruzan la frontera sur ilegalmente mientras la Orden Presidencial y su Regla Final Provisional de implementación estén vigentes”.
ICE también hizo referencia a las condiciones de vida en sus instalaciones, señalando que trabajan “para mejorar su capacidad de agregar capacidad de detención dentro de los fondos que el Congreso ha puesto a disposición”.
Mencionaron que las acciones incluyen el “ajuste de contratos existentes de los centros de detención para ampliar la cantidad de camas en la red de detención de ICE y presentar una moción para permitir que se reanude la admisión de personas en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto”.
Además de revisar continuamente “la capacidad general de detención y, al hacerlo, toma medidas para cerrar ciertas instalaciones que ya no brindan un retorno suficiente de la inversión. Esto incluye el cierre del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, que es el centro más caro de la red nacional de detención”.
Con el cierre de esta instalación aseguran que reasignarán los fondos “para aumentar la capacidad general de camas de detención en todo el sistema en aproximadamente 1,600 camas para apoyar mejor las necesidades operativas. Este espacio adicional para camas se está buscando en todo el país y se espera que esté disponible de inmediato”.
El pasado 4 de junio, el presidente Joe Biden firmó un grupo de acciones ejecutivas que impiden a migrantes irregulares recibir asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera de forma ilegal.
La Casa Blanca señaló en un comunicado oficial que las "acciones estarán vigentes cuando los altos niveles de encuentros de migrantes ilegales en la Frontera Sur excedan la capacidad de generar consecuencias oportunas, como es el caso de este 4 de junio.
Sin embargo, el propio presidente estadounidense ha dicho que la posibilidad de solicitar asilo "seguirá estando disponible" para quienes busquen emigrar legalmente a Estados Unidos y gestionen una cita a través de la aplicación CBP One para una entrevista en un puerto de entrada.
Tras este anuncio de la parte estadounidense, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo entre los países de origen de los migrantes y Estados Unidos para resolver el aumento de solicitudes de asilo y deportaciones desde ese país.
El gobernante estaría tratando de evitar que Estados Unidos retorne a México a los migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, como anunció su homólogo Joe Biden.
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