Las autoridades de Santiago de Cuba llevaron a cabo una operación policial que culminó con la detención de varios implicados en un esquema de tráfico internacional de drogas.
Granma señaló que el presunto grupo de delincuentes estaba liderado por un organizador con fuertes vínculos en Jamaica. El individuo intentaba establecer una base operativa en el municipio Guamá para la distribución de cocaína y drogas sintéticas.
Durante la operación se incautaron 300 libras de marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos móviles y lanchas rápidas, elementos que destacan el nivel de organización y recursos de los traficantes.
El Teniente Coronel Abraham Estonlle Río, jefe del departamento de narcotráfico internacional, señaló que la red tenía planeado introducir drogas en Cuba y establecer un punto de apoyo logístico para futuras operaciones.
Mientras que las autoridades cubanas celebran el éxito de esta operación, el caso también pone en evidencia la vulnerabilidad de las costas de la isla y la persistencia de redes criminales que buscan explotar estas brechas en la seguridad nacional.
La fiscalía ha solicitado penas de entre 20 y 30 años de prisión para los acusados. Aseguran que estas sentencias son un reflejo de "la política de tolerancia cero del gobierno cubano hacia el narcotráfico".
Carlos Martín García, fiscal provincial, recordó que el Código Penal cubano contempla sanciones que incluyen desde largas penas de cárcel hasta la pena de muerte para delitos de esta magnitud.
"Estas medidas son un claro mensaje a cualquier organización criminal de que Cuba no tolerará el narcotráfico", afirmó García.
Esta semana la Televisión cubana mostró otro reportaje sobre la desarticulación de una red criminal que usaba las plataformas digitales para ofrecer servicios vinculados a trámites migratorios falsos, y luego robaban con violencia grandes sumas de dinero a las víctimas.
El esquema de robos y tráfico de personas lo desarrolló un grupo de cinco hombres y dos mujeres. Los delitos que involucran violencia enfrentan severas sanciones judiciales de hasta 30 años de cárcel.
En este caso, las penas fueron de entre 25 y 28 años de prisión para seis de los implicados y un individuo recibió una sanción de cinco años de privación de libertad.
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