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En el transcurso de un año, el peso cubano ha experimentado una devaluación histórica, con el dólar elevándose de 182 a 330 CUP y el euro de 185 a 338 CUP, marcando incrementos que superan el 80%. Esta devaluación ha erosionado de forma crítica el poder adquisitivo de la población cubana, incidiendo negativamente tanto en los salarios como en los ahorros. Información detallada por CiberCuba, gracias a los datos diarios de cambio ofrecidos por elTOQUE evidencia cómo la inestabilidad cambiaria subraya una crisis económica aguda en Cuba, acentuada por la ausencia de políticas eficaces que mitiguen la caída del peso.
En 2023, el salario medio en Cuba, aproximadamente 4500 CUP, equivalía a cerca de 24,73 dólares o 24,32 euros. Sin embargo, para 2024, la misma cantidad solo representaba 13,64 dólares o 13,31 euros, una pérdida significativa que ilustra el impacto devastador de la inflación y la devaluación monetaria sobre los trabajadores cubanos.
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Para aquellos con ahorros en la moneda nacional, el impacto de la devaluación es profundamente significativo. Considerando el caso de alguien que, en 2023, tenía ahorrados 182.000 pesos cubanos —equivalente entonces a 1000 dólares según la tasa de cambio del mercado informal—, el valor de esos ahorros en 2024, con la tasa de cambio ascendiendo a 330 CUP por dólar, disminuiría drásticamente. Esos mismos 182.000 CUP, al ajustarse a la nueva tasa, representarían apenas alrededor de 551.52 dólares, subrayando una pérdida directa en el valor de los ahorros en divisas extranjeras y demostrando la drástica devaluación del peso cubano.
Peor aún es el caso de alguien con 1 millón de pesos cubanos ahorrados. Este monto, que equivalía a aproximadamente 5,494.51 dólares o 5,405.41 euros en 2023, se redujo a 3.030,30 dólares o 2.958,58 euros en 2024, reflejando una pérdida considerable en su valor en divisas.
Estos ejemplos, basados en las tasas de cambio publicadas en CiberCuba el 26/03/2023 y el 27/03/2024, subrayan la urgente necesidad de medidas económicas que estabilicen el peso cubano y protejan el poder adquisitivo de la población.
La crítica situación económica y la acelerada devaluación de la moneda nacional son síntomas evidentes de las profundas falencias del modelo económico centralizado y planificado impuesto por el régimen cubano. Este sistema, desprovisto de libertades económicas y sujetado a postulados ideológicos anacrónicos heredados de la época de la Unión Soviética, ha demostrado ser ineficaz para responder a las necesidades básicas de la población y adaptarse a las dinámicas del mercado global.
La insistencia del gobierno en aferrarse a estos principios, en detrimento de la apertura económica y la inclusión de prácticas de mercado más flexibles, ha conducido al pueblo cubano a una situación de miseria y desesperanza. La falta de medidas efectivas para estabilizar la economía y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos refleja no solo una crisis económica, sino también una crisis de liderazgo, donde se priorizan los dogmas ideológicos sobre el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano. Este enfoque ha agravado la crisis cambiaria y económica, dejando a la población en una vulnerabilidad extrema ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, mientras las soluciones viables y necesarias siguen siendo ignoradas por una administración aferrada a un pasado que ha demostrado, repetidamente, su fracaso.
Las recientes protestas en Cuba han vuelto a poner en el foco internacional la profunda crisis que atraviesa la isla, un clamor por cambios políticos y económicos que resuena en las calles con una intensidad que no se veía desde las históricas manifestaciones de julio de 2021. En marzo de 2024, las ciudades de Santiago de Cuba, Bayamo, y Cárdenas, entre otras, se convirtieron en escenarios de un descontento popular que refleja las mismas demandas de libertad y reformas profundas que motivaron las protestas anteriores. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la represión ejercida por el régimen cubano contra los manifestantes, instando al gobierno a respetar los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la protesta pacífica.
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