El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de apoyo a democracia en Cuba que incluye severas sanciones contra los llamados nuevos emprendedores con vínculos comprobados con el régimen de La Habana.
La Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas 2024, escrita por Mario Díaz-Balart, niega visados a los agentes del régimen Comunista en Cuba, elimina fondos destinados a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) con vínculos con La Habana y amplía los fondos para la modernización de Radio Martí.
Esta legislación asigna 25 millones de dólares para financiar la promoción de la democracia en Cuba, lo que representa un incremento del 25% con respecto a años anteriores.
Además, incluye destinar otros 25 millones de dólares para la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que engloba a Radio y TV Martí.
La normativa, entre sus puntos destacados, también establece "instrucciones claras sobre la negación de visas a Gobiernos y organizaciones internacionales involucradas en el tráfico de médicos cubanos".
Asimismo, contiene restricciones para evitar el desvío de fondos destinados a la democracia hacia fines no autorizados, como los programas de emprendimiento relacionados con empresas privadas cubanas que mantienen vínculos con empresarios y políticos estadounidenses y están controladas por el régimen.
Esto luego de que se demostrara que muchas Mipymes cubanas pertenecen a personas cercanas a la cúpula del poder en la isla.
"Las políticas confusas de la Administración Biden han sido desastrosas para la seguridad global. En contraste, este proyecto de ley respalda a los amigos y aliados más cercanos de EEUU mientras contrarresta a adversarios como China, Rusia y los estados terroristas de Cuba e Irán", afirmó Díaz-Balart.
El congresista, quien preside la Subcomisión sobre el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que la Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas refuerza los valores y principios estadounidenses al prohibir al presidente el cierre del Centro de Detenciones de la Bahía de Guantánamo, ubicado en el oriente de Cuba.
La nueva norma también incluye medidas contra los regímenes de Nicaragua y Venezuela.
Para Nicaragua, se asignan 15 millones de dólares a fin de promover la democracia y la libertad religiosa, mientras que para Venezuela se destinan no menos de 50 millones de dólares para derechos humanos y sociedad civil. La financiación de apoyo electoral para Venezuela está condicionada a una determinación del secretario de Estado sobre la existencia de una competencia opositora libre en las elecciones próximas.
Dentro de Estados Unidos la Ley exige abordar la crisis del fentanilo, destinando no menos de 125 millones de dólares a tales esfuerzos.
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