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En días pasados, una serie de auditorías forenses trataron de reflotar una gran comunidad de violaciones e irregularidades en el control económico y financiero de algunas entidades pertenecientes al ramo del Comercio y la Gastronomía de la capital cubana como alternativa y pretexto para recrudecer la vigilancia sobre los raquíticos recursos que destina el Estado comunista para el consumo de la población.
El proceso fue asumido con fruición por la Contraloría General de la República (CGR), el Sistema de Auditoría Interna, la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos de investigación del Ministerio del Interior, quienes ubicaron en el punto rojo de su colimador a unidades como las empresas provinciales de Elaboración de Alimentos, Gastronomía de La Habana, el Grupo Empresarial de Alimentos, la Empresa Mayorista de Mercado Paralelo y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos, entre otras.
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Según un reportaje publicado en el diario Granma, al finalizar las acciones de control “se calificó de malo el sistema de control interno implementado y se identificaron responsabilidades administrativas, directas y colaterales, que conllevaron la aplicación de 383 medidas disciplinarias. El 95 por ciento se concentró en demociones definitivas del cargo (9,6 %), separaciones definitivas de la entidad (42 %) y separaciones definitivas del sector (44 %)… y el otro 5 por ciento, ¿qué medidas mereció?
Junto a la apropiación ilícita de grandes sumas de dinero, los auditores detectaron falsificaciones de slips bancarios para enmascarar la sustracción de recursos financieros provenientes de las ventas, incluidos productos liberados a precios diferenciados para la población destinados a la canasta familiar normada.
Los resultados de las auditorías fueron presentados a los directivos del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), a los gobiernos provinciales y municipales, poniendo a los infractores a disposición de la Fiscalía y del Minint. En los juicios se encontraron culpables a 203 personas por delitos de malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos y otros objetos en custodia oficial, así como violación de sellos oficiales.
Como era de esperar, no se hizo ninguna mención a destinar un nuevo proyecto inversionista para reparar las unidades productivas y de servicios, remodelar o renovar conocidos centros de la gastronomía en La Habana, revitalizar el sentido de pertenencia por una profesión de servicio y entrega que hacía de sus empleados orgulloso de su lugar social, aunque su salario dependiera más de los resultados circunstanciales de la venta.
Lo que sí informa la prensa sin demora y con tono ejemplarizante es que, resultado de los procesos penales a los que fueron sometidos los acusados, “se impusieron sanciones entre dos y 22 años de privación de libertad, en correspondencia con la responsabilidad en los hechos que resultaron probados”, “medidas correctivas necesarias para restablecer el orden y prevenir la reiteración de tales hechos”.
Para la cúpula gobernante, sin que medien análisis verdaderamente edificantes, lo más importante es repetir las mismas fórmulas que han hecho inoperante un sistema que, aunque basado en una cacareada justicia social, solo ha demostrado su insostenibilidad e ineficiencia, empujando a esos que dice proteger a las garras del revendedor inescrupuloso y del especulador, los que se reinventan constantemente y siempre hayan la mejor forma de sacar provecho a la precariedad y la escasez.
No obstante, debemos entender que “es primordial la adecuada implementación del sistema de control interno sustentada en la actuación ética de directivos y trabajadores que permitirá revertir la situación y avanzar en el camino de la eficiencia y calidad de los servicios de este sector”.
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