El régimen celebró un juicio público a tres cubanos (un hombre y dos mujeres) acusados de perpetrar un sabotaje contra el Archivo del Tribunal Popular de Centro Habana.
Los hechos ocurrieron en el verano de 2022 y el gobierno ha tardado un año en organiza el juicio público. Se produce en un contexto de campañas mediáticas donde las autoridades de la isla acusan al gobierno de Estados Unidos y a cubanos residentes en ese país, de organizar y pagar actos terroristas en Cuba.
La petición fiscal para cada uno de los implicados es de 30, 25 y 20 años de privación de libertad, según el presunto grado de implicación que tuvieron en el sabotaje.
Estos cubanos lanzaron dos cocteles molotov a la sala del Archivo Municipal del Tribunal Popular de Centro Habana, pusieron carteles contra el régimen y "accionaron sobre la sede de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)" donde, según indica el gobierno, lesionaron a una persona.
El principal acusado en este caso es Lázaro García Ríos, quien confesó haber lanzado los cocteles molotov y haber organizado todas las operaciones tras contactar con cubanos residentes en Estados Unidos.
Yusedi Pérez, presidenta del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, dijo a la prensa oficialista que los jueces cubanos no están acostumbrados a vivir situaciones como estas, de ataques a las instituciones, e insinuó que sintieron su seguridad amenazada.
"Este es un país donde los jueces caminamos por las calles, montamos guaguas, somos parte del pueblo y estamos en las colas. No estamos acostumbrados a recibir este tipo de tratamientos", comentó Pérez.
El juicio público se realizó en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre este domingo. Las autoridades aseguran que los tres acusados recibieron dinero desde el exterior, a través de "recargas telefónicas" y por otras vías no especificadas.
Pérez señaló que las leyes cubanas en los casos de terrorismo, pueden tener sanciones fuertes como 30 años de privación de libertad, cadena perpetua, e incluso pena de muerte.
Este fin de semana el régimen cubano denunció la entrada ilegal, al territorio nacional, de un presunto terrorista en moto acuática, por el municipio Martí en Matanzas.
El vocero oficialista Humberto López dijo que existen evidencias de la organización de Acciones Terroristas contra Cuba. Insistió en que desde el exilio se preparan actos violentos y desestabilizadores que involucran a ciudadanos residentes en el país.
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