El ministerio de Finanzas y Precios de Cuba aprobó una resolución que permite la venta de terrenos en el país a empresas extranjeras para impulsar el desarrollo de energías renovables.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial, establece un valor mínimo de 34 centavos de dólar por metro cuadrado (0,34 USD/m²) de terreno destinado a proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica.
La Resolución 271/2023 recalca la consideración de derechos de propiedad sobre bienes inmuebles para inversiones extranjeras desde una norma previa del Ministerio en 2012.
Asimismo, establece que estos valores mínimos servirán como referencia para determinar el valor del suelo en cada proyecto o negociación, corregidos por coeficientes según el tipo de derecho de propiedad, ya sea superficie o usufructo y su tiempo de vigencia.
Acorde al cálculo realizado por el medio independiente Diario de Cuba, el valor del terreno estipulado en Cuba supera los estándares internacionales. Por ejemplo, en comparación con España, donde los terrenos para proyectos de energía solar tienen un valor anual de entre 1,500 y 1,600 euros por hectárea, el valor mínimo en Cuba equivaldría a unos 3,400 dólares por hectárea.
Las áreas disponibles para estas inversiones en energía renovable incluyen varios municipios, excluyendo la Zona Especial de Desarrollo Mariel en Artemisa. En La Habana, se prevé la disponibilidad de territorios específicos (Guanabacoa, Boyeros, Arroyo Naranjo, La Lisa y Marianao).
Para la energía eólica, la resolución ministerial restringe a municipios selectos en Las Tunas, Holguín y Guantánamo, tales como Jesús Menéndez, Banes, Gibara, Rafael Freyre, y Maisí.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de la "continuidad" para aumentar la participación de energías limpias en la matriz energética cubana, actualmente, estas representan solo el 5% del consumo total en el país.
Datos oficiales muestran una dependencia significativa de combustibles fósiles, con el fuel oil y el crudo ocupando el 72% del consumo anual (4,686 millones de toneladas), seguido por el diésel (1,186 millones de toneladas), la gasolina (250 millones), y otros combustibles.
Estos movimientos reflejan la avidez de inversiones extranjeras del régimen cubano, que enfrenta una gravísima crisis de combustibles y de infraestructura de su obsoleto Sistema Electronergético Nacional (SEN).
La Resolución 271/2023 no contempla la posibilidad de que las inversiones provengan de capital nacional, y entró en vigor con su publicación en la Gaceta Oficial.
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