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Civil Rights Defenders junto con otras siete Organizaciones No Gubernamentales firmaron una carta abierta a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pidiéndole garantizar que los derechos humanos sigan siendo el centro de las relaciones con Cuba.
Con motivo del próximo Consejo Conjunto entre la Unión Europea y el país, a celebrarse este viernes en La Habana, las ONG afirmaron que "continúa represión de las autoridades cubanas contra los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el país, sofocando las voces disidentes y atacando a los defensores de los derechos humanos".
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La misiva ostenta las rúbricas de Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders, FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), Front Line Defenders, Human Rights Watch, People in Need, Race and Equality y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Todas ellas coincidieron en que los defensores de los derechos humanos cubanos sufren hostigamiento y represión por parte de las autoridades cubanas y permanecen excluidos de los espacios en los que los actores internacionales y el gobierno cubano toman decisiones que afectan su trabajo y la situación general de los derechos humanos en el país.
En la celebración del mencionado Consejo Conjunto entre la Unión Europea y la isla las pidieron que se trabajen doce puntos que incluyen: liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, finalizar la vigilancia en curso y las detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas, incluido el uso del arresto domiciliario contra las voces disidentes.
Instaron también a tratar el cese del uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante las protestas y abstenerse de las interrupciones de internet que obstaculizan los derechos a la libertad de reunión pacífica, expresión y acceso a la información.
Sugirieron facilitar de forma proactiva las reuniones pacíficas, proteger las manifestaciones pacíficas, poner fin a todo uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad de los manifestantes; establecer un marco legislativo nacional para salvaguardar el derecho a la protesta; prevenir y combatir la discriminación de cualquier tipo y promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las mujeres, los afrodescendientes y la comunidad LGBTIQ+, entre otras.
"Aproveche la oportunidad de la próxima cumbre UE-CELAC en julio para intensificar el compromiso en materia de derechos humanos con Cuba y en toda América Latina y el Caribe en línea con los llamados de la sociedad civil en la región y en la UE", recomendaron a Joseph Borell.
Las organizaciones alegaron que el "enfoque" del gobierno cubano ha consistido en imponer leyes restrictivas, censurar y aplicar tácticas de intimidación.
Sus objetivos han sido "controlar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, mientras que las personas que defienden los derechos humanos se enfrentan a juicios injustos y detenciones arbitrarias".
Esta actuación ha provocado un aumento de los ataques contra manifestantes desde las protestas del 11 de julio de 2021, que salieron a exigir un cambio en las condiciones de vida en Cuba como no se había visto en décadas.
Los firmantes recordaron también que las autoridades cubanas prohibieron que diplomáticos de la Unión Europea y de los estados miembros, medios de comunicación internacionales u organizaciones de derechos humanos supervisen los juicios de los detenidos durante las protestas del 11J.
Entre otras violaciones de derechos humanos aludieron a los despliegues policiales y militares para reprimir las manifestaciones de septiembre y octubre de 2022.
Asimismo subrayaron que, "como parte de una política gubernamental para silenciar continuamente la disidencia, las autoridades controlan e interrumpen el acceso a la internet en momentos políticamente delicados y bloquean regularmente las aplicaciones de mensajería, contraviniendo así el derecho internacional de los derechos humanos".
El documento repasó los casos de los tres activistas Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel "Osorbo" Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García, que permanecen encarcelados en Cuba desde mayo de 2023 "únicamente como consecuencia de sus condenas y del ejercicio pacífico de sus derechos humanos".
Recientemente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió a Borrell que interceda por la liberación de los presos políticos durante la que supone su primera visita oficial a la isla, según medios de prensa.
El OCDH consideró que el político europeo también debe abogar en La Habana por la eliminación de los artículos del nuevo Código Penal que permiten la represión de las ideas políticas y otros derechos humanos, así como los que establecen la pena de muerte como sanción.
En julio del pasado año, al cumplirse un año de las históricas protestas del 11J en Cuba, la UE pidió al régimen cubano que liberara a los presos políticos que cumplen largas condenas de cárcel por ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación.
Unos meses antes, el gobierno de Cuba había acusado la Unión Europea de actuar con doble rasero por condenar las sentencias impuestas por tribunales de la isla a manifestantes en las protestas del 11J.
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