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Las madres de ocho presos políticos cubanos -incluidos cinco reos condenados a cadena perpetua, en 2003- pidieron esta semana la intervención de la iglesia católica a favor de una amnistía, con cartas enviadas al Cardenal de La Habana y al presidente de la Conferencia de Obispos, a las que ha tenido acceso CiberCuba.
Una de las cartas está suscrita por las madres de Lázaro Ávila Sierra, Leudis Arce Romero, Jorge Luis Pérez Puente, Francisco Reyes Rodríguez y José Ángel Díaz Ortiz, condenados hace 20 años a cadena perpetua por los supuestos delitos de actos de terrorismo y robo con violencia, en un intento frustrado de salida ilegal, por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana (Causa 17/2003).
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La otra misiva está firmada por las madres de Panter Rodríguez Baró, Joel Prieto Tamayo y Jorge Pérez García, condenados a 15 años de cárcel, hace dos años, por los presuntos delitos de difamación de organizaciones oficiales, de héroes y mártires y por causar daños al patrimonio cultural (Causa 61/2021).
"Como se evidenció en la instrucción y en la sala de juicio, a los sancionados los interceptaron bastante alejados del aeropuerto, por tanto no pusieron en peligro la vida de nadie. Pero consideramos que la influencia y presión ejercida a los jueces actuantes, por los actores políticos y militares del país, perjudicaron de manera negativa el fallo condenatorio", aseguraron las madres de los condenados a cadena perpetua, en su súplica a los obispos Juan García Rodríguez y Emilio Aranguren Echevarría.
Consideramos excesiva la pena aplicada y reconocemos que los medios y métodos empleados (por nuestros hijos) para intentar alcanzar la salida del país fueron erróneos e ilegales, pero han cumplido "disciplinadamente" 20 años de cárcel, cumplidos este 8 de mayo, describen las firmantes.
La condena a nuestros hijos es la "mayor ignominia" a la jurisprudencia en Cuba, si la comparamos con las sanciones impuestas a los asaltantes violentos de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en 1953, beneficiados por una amnistía a los dos años de ser condenados, contrastaron las madres, que están siendo asistidas legalmente por el abogado independiente Edilio Hernández.
La carta subraya que, en Cuba, los establecimientos penitenciarios no están subordinados al Poder Judicial, sino al aparato militar; que los reos sufren un síndrome de culpabilidad -además de daños físicos, morales y psiquiátricos- por haber involucrado a sus familias y recuerda que estudios internacionales constataron que, en torno a los 20 años de privación de libertad, el preso sufre un grave deterioro de sus capacidades cognitivas,
El texto suscrito por las madres de los sentenciados a 15 años de prisión, recuerda que el Código Penal aplicable contempla una pena de tres meses a un año de prisión o multa de cien a trescientas cuotas, citando el artículo 204, de la Ley 62.
El delito de daños a bienes del patrimonio cultural no se probó durante la instrucción policial ni el juicio oral, debido a la falta de testigos y de una acreditación oficial sobre el carácter de "bien patrimonial" de una estatua de José Martí, ubicada en el jardín de la sede habanera de la revista Bohemia.
El CODEMA (Centro de Desarrollo de Escultura Monumentaria y Ambiental) transmitió a las madres de los condenados que ese busto de Martí es una réplica, y no está registrado como Patrimonio cultural ni identificado al efecto como ocurre con otros monumentos y esculturas públicas de La Habana, subrayó la misiva.
Desde finales de 2022, el gobierno cubano lleva negociando con Estados Unidos, la Unión Europea y el Vaticano una amnistía para los presos políticos, pero diferentes condiciones pretendidas por La Habana han encallado el posible acuerdo.
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