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El Consejo de Estado de Cuba convocó a la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura para el próximo 19 de abril.
Durante esta sesión, y de acuerdo con la ley vigente, se elegirán los cargos clave de la Asamblea, incluyendo al presidente, vicepresidente, secretario y miembros del Consejo de Estado.
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Además, se elegirá al presidente y al vicepresidente de la República y se designará al primer ministro, viceprimeros ministros, secretario y demás miembros del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente de la República.
Con la nueva legislatura no se espera que haya grandes cambios y todo indica que Miguel Díaz-Canel renovará por cinco años más su cargo, aunque algunos analistas consideran que se cambiarán a algunos ministros, por la crisis general que atraviesa el país.
Raúl Castro continuará siendo diputado a la Asamblea Nacional, por tanto su presencia siendo un punto importante en la toma de decisiones del gobierno comunista.
La ley electoral vigente establece que el presidente y el vicepresidente de la República son propuestos por la polémica Comisión de Candidaturas Nacional, que solicita a los diputados las propuestas de manera anónima, y posteriormente presenta un proyecto con los nombres escogidos.
Para hacer posesión del cargo solo necesitan el voto favorable de la mayoría absoluta de los parlamentarios, que previamente aprobaron el proyecto de candidatura propuesto por la Comisión.
La falta de transparencia en el proceso electoral cubano ha sido un tema de preocupación para muchos ciudadanos y observadores internacionales.
El sistema político cubano se caracteriza por la ausencia de partidos políticos y la centralización del poder en manos del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Este controla el proceso electoral, lo que limita la posibilidad de una competencia política genuina y el acceso de la ciudadanía a información relevante. Además, la elección de los candidatos se realiza de manera indirecta, lo que implica que los ciudadanos no tienen la oportunidad de elegir directamente a sus representantes.
Todo esto ha llevado a cuestionar la legitimidad del proceso electoral en Cuba y ha sido objeto de críticas por parte de grupos de derechos humanos y de la comunidad internacional.
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