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Cuatro congresistas de Estados Unidos presentaron el jueves un proyecto de ley dirigido a proteger marcas cubanas confiscadas por el régimen castrista, y los derechos de aquellos empresarios cuyos bienes fueron incautados ilegalmente.
Se trata de la reintroducción de un proyecto bipartista, la Ley No Stolen Trademarks Honred in America (No Robar Marcas Registradas Honradas en América), que prohibiría a los tribunales estadounidenses hacer cumplir o validar cualquier afirmación de derechos sobre una marca registrada y usada en un negocio que fue confiscado por el régimen, a menos que el dueño original de la marca haya consentido su cesión.
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Uno de los promotores del proyecto es el senador cubanoamericano Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, quien afirmó que cualquier incautación de activos por parte del régimen cubano será siempre un acto criminal que no debe ser recompensado por el gobierno de Estados Unidos.
"Esta legislación convertiría en ley la política estadounidense de larga data de apoyar a los propietarios legítimos de propiedad robada, al garantizar que los tribunales estadounidenses y el poder ejecutivo solo reconozcan los derechos de aquellos cuyas marcas registradas fueron tomadas ilegalmente por el gobierno cubano", dijo en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La propuesta de ley bipartidista fue presentada por congresistas y senadores de manera simultánea en ambas cámaras.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio señaló que existe apoyo bipartidista para proteger a los estadounidenses a quienes el régimen cubano les robó propiedades.
"Durante años, la dictadura cubana se ha beneficiado de la confiscación de bienes. Debemos asegurarnos de que las agencias federales y los tribunales estadounidenses no reconozcan ni validen ningún derecho de marca que el régimen cubano haya robado ilegalmente a los propietarios legítimos", afirmó Debbie Wasserman-Schultz, demócrata por Florida.
En la presentación de la ley en la Cámara de Representantes estuvieron el representante republicano Darrell Issa, de Ohio, y Wasserman-Schultz.
"Esta legislación se trata de más de una circunstancia. Es corregir un error histórico y un reconocimiento claro del valor inherente de la propiedad intelectual y la propiedad inviolable de las ideas y creaciones de uno", expresó Issa.
"Hace una corrección técnica a nuestra ley, pero una que garantizará que las protecciones de nuestras leyes se apliquen a todas las partes que reclaman los derechos estadounidenses sobre las marcas registradas cubanas confiscadas, independientemente de su nacionalidad", precisó.
Para Wasserman Schultz, es un deber proteger a las empresas estadounidenses que han sido víctimas de fraude y robo de propiedad intelectual, especialmente por parte de gobiernos extranjeros adversarios.
"Esta legislación prohíbe que los tribunales estadounidenses y las agencias del poder ejecutivo validen una afirmación de los derechos de marca en relación con una empresa o activos confiscados por el gobierno cubano. Espero que mis colegas de ambos lados del pasillo se unan a nosotros para reafirmar que Estados Unidos no tolerará que las marcas registradas sean rehenes", recalcó.
La Ley No Stolen Trademarks Honred in America prohibiría el uso de una marca comercial cuando la persona que hace valer los derechos de dicha marca sabía o tenía razones para saber en el momento en que la adquirió, que era igual o similar a la marca o el nombre de un negocio estadounidense confiscado por el gobierno cubano.
En mayo de 2021, Bob Menéndez y Marco Rubio presentaron este proyecto legislativo bicameral.
También lo hizo la congresista Debbie Wasserman-Schultz durante el transcurso de la jornada del 20 de mayo, cuando se cumplieron 119 años del nacimiento de la República de Cuba.
La iniciativa tendría importantes implicaciones sobre marcas cubanas que han sostenido litigios y han recibido incluso fallos favorables en tribunales federales de Estados Unidos, como es el caso de Havana Club bajo representación de la firma francesa Pernod Ricard, y otras compañías que interpusieron demandas amparadas bajo la Ley-Helms-Burton, como las estatales cubanas CUPET y CIMEX, en uso de beneficios de la expropiada Esso (ExxonMobil).
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