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Fiscales de 20 estados demandantes al gobierno de Estados Unidos solicitaron a un tribunal federal de Texas que congele temporalmente el programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, mientras se emite un fallo definitivo sobre el litigio.
En una moción de emergencia de 22 páginas, presentada este martes ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, los fiscales de los 20 estados con liderazgo republicanos pidieron al juez federal Drew B. Tipton que emita una medida cautelar para detener la marcha del programa, implementado por la administración de Joe Biden desde el pasado 6 de enero.
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“El Programa de Parole Humanitario es arbitrario y caprichoso porque los demandados [el Departamento de Seguridad Nacional, DHS] se han basado en factores que el Congreso no pretendía que tuvieran en cuenta (…), sin demostrar, en primer lugar, por qué la admisión de cada individuo en libertad condicional producirá un beneficio humanitario o público”, afirma el documento.
En su argumentación, los fiscales afirman que el balance de afectaciones causadas por la medida “favorece la concesión de una orden preliminar”, debido a que “el daño a los Estados es inmediato, irreparable y continuo”.
La orden solicitada por los estados demandantes sigue a la demanda interpuesta por los fiscales estatales el pasado 24 de enero para anular el programa de parole humanitario, que concede hasta 30 mil visas mensuales a cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. Los beneficiados deben recibir un patrocinio económico desde Estados Unidos y pueden permanecer por dos años en el país, con permiso de trabajo y opciones de superación.
La moción de emergencia será considerada en una sesión fijada por el tribunal para el 7 de marzo.
Hasta el momento la demanda tenía su primera fecha de audiencia para el 25 de abril ante el tribunal, radicado en Victoria, Texas. El proceso de solicitud y aprobación de beneficiarios del programa debería seguir sin interrupciones hasta entonces.
En respuesta, el pasado 26 de enero el gobierno solicitó al tribunal un cambio de sede para discutir el caso, con la propuesta de llevarlo a la División del Distrito Oeste, en Austin, Texas, o a Washington DC, por considerar que tanto la selección de lugar por los demandantes para presentar el caso y las decisiones precedentes del juez Tipton sobre inmigración hacen a Victoria un escenario inadecuado para ventilar la demanda.
El juez convocó a una audiencia especial sobre la petición del gobierno de cambio de sede para este martes 21 de febrero.
Los estados que suscriben la demanda son Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
La administración Biden sostiene que la iniciativa del parole humanitario busca frenar el flujo migratorio descontrolado por la frontera sur de Estados Unidos, y posibilitar la entrada segura y ordenada al país, a la vez que garantiza un respaldo financiero privado al beneficiario del parole.
De acuerdo con estadísticas emitidas por el DHS, en apenas un mes de aplicación del programa unas 12 mil personas, mayormente cubanos, han entrado al país. A la vez, las entradas irregulares de inmigrantes de las nacionalidades beneficiadas se han reducido en su totalidad en casi un 90 por ciento.
La caída en picada de los arribos por la frontera está también condicionadas por la puesta en práctica de una política de expulsión inmediata de los inmigrantes, que el gobierno mexicano ha acordado aceptar hasta un límite de 30 mil mensuales.
En el caso de los inmigrantes cubanos, las repatriaciones inmediatas incluyen también a los que se arriesgan en aventuras marítimas a través del Estrecho de la Florida y son interceptados por operativos de la Guardia Costera y la Patrulla Fronteriza.
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