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La Seguridad del Estado en Pinar del Río amenazó a cuatro activistas con el nuevo Código Penal por sus publicaciones en internet opositoras al gobierno.
Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), y Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, fueron detenidos este jueves en la Unidad Provincial de Instrucción de la Policía en la ciudad de Pinar del Río, según Radio Televisión Martí.
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Los cuatro activistas cubanos fueron interrogados y recibieron una carta de advertencia, que se negaron a firmar, todo con el propósito de intimidarlos e impedir que continúen sus actividades a favor de los derechos humanos.
“Ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que según ellos estamos violando”, explicó Ajete Abascal.
El líder campesino relató además que durante el interrogatorio los oficiales de la contrainteligencia aseguraron tener todas las pruebas necesarias para demostrar que realizan actividades criminales.
"Nos dijeron que era la primera advertencia luego de que entrada en vigor el nuevo Código Penal en diciembre, y que de volver a hacer publicaciones ningún abogado nos podría librar de la cárcel, y que por ese tipo delito pudiéramos recibir condenas entre 3 y 5 años”, añadió.
A pesar de las amenazas recibidas, los cubanos aseguraron que continuarán con sus actividades en contra de la dictadura, independientemente de las consecuencias que tengan que enfrentar.
"Estas amenazas no me van a limitar, todo lo contrario, mi lucha va a ser más fuerte porque hay muchos hermanos míos que están presos y soy la voz de ellos, por tanto continuaré con mi labor en la Flamur, alzando mi voz por todo el mundo”, agregó León Valladares.
Tras la entrada en vigor del Código Penal cubano, organizaciones de la sociedad civil independiente e instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos han criticado el poder que se otorga el estado para reprimir a opositores y activistas.
“La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal, ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolirla", escribió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional pronosticó un "panorama aterrador", con esta nueva ley, que permitirá silenciar las voces disidentes dentro del país.
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