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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, considera que las nuevas medidas de control fronterizo impulsadas por el gobierno de EE. UU. pueden socavar los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados.
“El derecho a buscar asilo es un derecho humano, sin importar el origen de una persona, su estatus migratorio o cómo llegó a una frontera internacional. Estas medidas parecen estar en desacuerdo con la prohibición de la expulsión colectiva y el principio de no devolución”, indicó Türk, en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
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Asimismo, el funcionario celebró “con satisfacción las medidas para crear y ampliar vías seguras y regulares”, pero señaló que estas “no deben realizarse a expensas de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de las necesidades de protección”.
“El acceso limitado a la libertad condicional humanitaria para algunos no puede ser un reemplazo para defender los derechos de todos a buscar la protección de sus derechos humanos”, agregó.
Además, el Alto Comisionado lamentó el hecho de que resulta poco probable que las personas que más necesitan asilo y las que se encuentran en situaciones vulnerables cumplan con los requisitos restrictivos para obtener la libertad condicional humanitaria, incluido el hecho de tener un patrocinador financiero en los EE. UU.
Finalmente, reiteró su llamado a que se respeten y protejan los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes en las fronteras internacionales.
“Escuchamos mucho hablar de crisis migratorias, pero en realidad, son los que migran quienes a menudo son los que verdaderamente están en crisis. En lugar de vilipendiarlos y despojarlos de derechos reconocidos desde hace mucho tiempo, deberíamos buscar gobernar la migración de manera humana y segura con pleno respeto por los derechos humanos de cada individuo”, concluyó.
El pasado jueves, la Administración Biden anunció que impediría la entrada de cubanos, nicaragüenses y haitianos, y habilitó un programa de parole para que 30,000 inmigrantes de esas nacionalidades puedan solicitar su entrada legal, trabajar y permanecer en el país por dos años.
Bajo el plan, que entró en vigor de inmediato, Estados Unidos ofrece la posibilidad de obtener permiso de trabajo a inmigrantes de estas nacionalidades, siempre que cumplan los requisitos de entrada legal al país, cuenten con la elegibilidad de un patrocinador y pasen la verificación de antecedentes en el chequeo de seguridad nacional.
“Este será un proceso ordenado, seguro y humanitario”, manifestó Biden, quien precisó que el plan se mantendrá vigente con independencia de si el Tribunal Supremo de Estados Unidos elimina la regulación de salud pública conocida como Título 42, la cual permite a las autoridades fronterizas rechazar peticiones de asilo y proceder a expulsiones inmediatas.
El pasado domingo, pocos días después de anunciado el plan, trascendió que las autoridades estadounidenses en conjunto con las mexicanas comenzaron a expulsar a migrantes irregulares cubanos que ingresaron por la frontera sur, amparados en el Título 42 y las nuevas medidas.
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