En el contexto de una crisis migratoria sin precedentes que ha desangrado la fuerza laboral y de un aumento de los delitos e ilegalidades en el país, el régimen cubano busca rescatar la llamada "Ley contra la vagancia", una medida impuesta por el dictador Fidel Castro en 1971 y que incluía penas de cárcel para las personas que se negaban a trabajar o estudiar.
La titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS), Marta Elena Feitó Cabrera, advirtió que esa cartera inició –como parte de las medidas para el enfrentamiento del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales–, "un estudio sobre las personas que no estudian ni trabajan estando en condiciones de hacerlo".
Al respecto, aclaró que el MTSS analizará las causas de esa "vagancia" y "propondrá las medidas pertinentes".
Al final de una publicación en Twitter la ministra amenazó conque tales medidas "nunca serán asistencialistas".
Las declaraciones de Feitó Cabrera surgieron después de que el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, anunciara varias medidas contra los crecientes delitos en la isla e identificara como los más frecuentes la especulación, el acaparamiento, la receptación y la actividad económica ilícita.
También mencionó delitos contra el patrimonio como hurto y robos con fuerza; delitos relacionados con el ganado; afectaciones en las viviendas, almacenes y bodegas del país; y la sustracción de ciclomotores eléctricos o motorinas y teléfonos celulares.
Estos han proliferado en una realidad marcada por el desabastecimiento de mercancías, la crisis energética y los elevados niveles de inflación, admitió el funcionario en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre el Plan de la Economía para 2023.
En la década de los 70s, la Ley contra la vagancia fue una disposición por la cual miles de personas que no trabajaban con el Estado fueron castigadas u obligadas a realizar labores manuales y estudiar en horario nocturno. La legislación fue abolida en 1979, cuando se incorporó el estatuto de desempleado como "estado peligroso" al Código Penal cubano.
El régimen ha usado el estatuto de peligrosidad de para amenazar a varios sectores de la sociedad que le son incómodos, como a los periodistas independientes: un caso fue la amenaza contra el periodista de Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca, en 2020.
Recientemente el gobernante Miguel Díaz-Canel señaló que "aquí hay personas que viviendo en la ilegalidad, ganan más dinero que los que aportan a la sociedad" y llamó a "los pillos, vagos y corruptos en Cuba".
A juicio del mandatario, "los serios problemas de robos e ilegalidades que hay en Cuba se deben en buena medida a que las autoridades no han actuado desde las instituciones, desde el poder que tiene el sistema político cubano".
El régimen también ha señalado el impacto de la crisis migratoria en la productividad en la isla, donde gran parte de la población económica activa se ha ido, huyendo de la grave crisis sistémica evidenciada en prolongados apagones, permanente escasez de alimentos y productos básicos y acelerada inflación.
Díaz-Canel reconoció al respecto en la misma sesión del Parlamento que hay una falta de alimentos grave en Cuba.
"Tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado", admitió el mandatario, con lo que puso en evidencia uno de los problemas cardinales de la economía del país: su ineficaz sistema de producción.
Ante el anuncio de la ministra varios cubanos se preguntaron si la Ley contra la vagancia comenzaría a aplicarse a los hijos de los dirigentes del país.
Otro cuestionó el ineficiente sistema salarial cubano: "No sé qué van a analizar si por medio del trabajo no puedes satisfacer tus necesidades básicas. Para qué trabajar si tus padres trabajaron 40 años y no tienen ni dónde dormir. Para qué estudiar si un profesional con su salario no puede ni siquiera vestirse o comprar un teléfono".
Las autoridades cubanas no mencionan que la crisis que atraviesa el país y el aumento de la corrupción se debe en gran medida a la adopción de políticas económicas como la Tarea Ordenamiento, que disparó la inflación en más del 700 % y empobreció aún más a los cubanos en un corto período de tiempo.
Una de las principales críticas que recibe el gobierno es que estas acciones contra la corrupción pocas veces tienen un impacto en la cúpula política del país, y se castiga al que vende alimentos y productos de primera necesidad que son impagables en las tiendas estatales.
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