La Dirección de Inspección Provincial de Holguín impuso 22 millones de pesos cubanos en multas a vendedores en ese territorio.
Los inspectores actuaron en cumplimiento de un "plan de medidas" orientado por el gobierno de la provincia contra las ilegalidades y la subida de precios. Las actuaciones son fundamentalmente sobre el sector privado, aunque también realizan inspecciones en empresas estatales.
El plan comenzó el 31 de octubre y hasta la segunda semana de noviembre impusieron 392 multas por violaciones de precios, que equivalen a 2,035,000 pesos cubanos.
Sin embargo, la cifra se eleva al sumar las más de 4,000 multas impuestas por esta causa durante lo que va de 2022, que dejan un monto general de 22 millones de pesos.
La prensa oficialista cubana indicó que las sanciones se han aplicado a "cocheros y conductores de vehículos automotores" y a personas que "afectan las redes hidráulicas, violan regulaciones sanitarias o esconden mercancías en establecimientos estatales para favorecer a terceros".
Hasta octubre los inspectores holguineros hicieron más de 48,000 inspecciones y detectaron violaciones en más de 46,000 centros estatales y locales privados. Aseguran que es "muy alto el índice de violaciones" y por ello han impuesto cerca de 44,780 multas con un importe económico superior a los 34 millones de pesos.
Los territorios con más ilegalidades detectadas son los municipios Holguín, Moa, Mayarí, Banes, Gibara y Sagua de Tánamo.
La Dirección Provincial de Inspección también hizo un "proceso de depuración" de sus filas y expulsó a 38 inspectores por violaciones del Código de ética y por "bajo nivel de enfrentamiento" a las ilegalidades.
"En más de una ocasión recibimos quejas sobre dos personas que actuaban como inspectores. Al detectarlos, se comprobó que utilizaban documentos de un momento en el que estuvieron en nuestras filas. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y sancionados", dijo Dionisia M. Portelles Duque, directora de Inspección.
La funcionaria explicó que los inspectores en activo desconocen los lugares que van a inspeccionar con el objetivo de evitar filtración de información sobre los operativos. "Se cita a los inspectores, se les recoge los celulares y solo conocen el destino cuando llegan a él", afirmó.
Comentó que la plantilla de este equipo de trabajo solo está cubierta al 67 %. Es una función compleja en la que deben enfrentar a personas que en ocasiones actúan de modo violento al sentirse descubiertos cometiendo un delito.
A mediados de noviembre un grupo de vendedores particulares cubanos decidieron cerrar sus puestos de venta de productos agrícolas ante la ola de operativos policiales desatados para imponer los precios topados por el Estado.
"Los inspectores ahora mismo están en la calle, arriba de los particulares todo el tiempo. Nosotros hemos optado por cerrar el puesto, porque para buscarse problemas y tener que pagar las altas multas, no es lógico que uno se ponga a vender", dijo un vendedor de Las Tunas.
A finales de octubre el mandatario Miguel Díaz-Canel llamó a los dirigentes políticos cubanos a intensificar el enfrentamiento contra las ilegales.
"Lo que estamos pidiendo es que desarrollemos un enfrentamiento contra los ilegales, los pillos, lumpens, vagos y contra los corruptos, en favor de nuestro pueblo y en favor de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad", dijo Díaz-Canel al Consejo de Ministros.
El gobernante considera que los problemas de robos e ilegalidades en Cuba se deben a que las autoridades provinciales y las instituciones no han actuado ante los delitos y les pidió que hagan valer el poder que tiene el sistema político cubano.
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