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El gobierno cubano está amenazando con desalojar una iglesia cristiana en La Habana, bajo el pretexto de que sus fieles están allí ilegalmente.
Los pastores de La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo, fueron citados el miércoles para informarles de que este jueves por la mañana serían desalojados.
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Según denunció el Superintendente de distrito de las Asambleas de Dios en Cuba, les advirtieron que irían con "brigada de respuesta rápida, policía y ambulancias".
"Asumen que ese local es ilegal y lo necesitan para madres que tienen más de tres hijos y no tienen casa", precisó el pastor Osmany Lovaina en el muro de Facebook de Cristianos Cubanos en Comunión.
El líder religioso asegura que eso es una injusticia, pues hace más de 30 años el grupo celebra su culto en esa casa.
"La casa era de unos pastores que se fueron a Estados Unidos y antes de irse hicieron una donación a la iglesia delante de Norma Porras, la entonces jefa nacional de vivienda. Esto fue declarado un medio básico y luego el gobierno decretó ilegal aquella acción. Esa es la base por la que toman la decisión", detalló.
Ante la emergencia, el pastor llamó a sus fieles a orar, y los citó para estar ante el Trono a las 5:00 am para pedir una intervención divina.
"No es un lugar cualquiera, es una iglesia que este mes celebra su 30 aniversario", recalcó.
Esta es una de las formas en las que el gobierno suele atacar a los grupos religiosos a los que se niega a darle un reconocimiento legal.
En 2021, el pastor Alain Toledano Valiente, quien ha sufrido acoso y detenciones por sus críticas al régimen en sus prédicas, denunció que las autoridades multaron al dueño de la casa donde celebra sus cultos.
"Una nueva multa, con amenazas de una más en tres días si la iglesia sigue reuniéndose en su patio, la amenaza final es el desalojo", señaló el pastor protestante.
Mientras el régimen alega que la vivienda de La Palma, en Arroyo Naranjo, la necesita para una madre de tres niños, otras madres en igual condición de vulnerabilidad han sido desalojadas por la policía.
Esta semana, las autoridades de Pinar del Río intentaron desalojar a una embarazada damnificada del huracán Ian que de refugió en una instalación del Ministerio de la Construcción en San Juan y Martínez.
Según denunció el activista Yerandy Valdés Ruiz, la joven de 19 años perdió su vivienda por el evento meteorológico y el gobierno no le dio dado ayuda de ningún tipo, ni materiales, así que ella optó por meterse en un local que solo tiene las estructuras generales.
En octubre, una madre guantanamera denunció que fue desalojada del local donde vivía y cumplió una condena de tres años, luego de que funcionarios del gobierno prometieran entregárselo como vivienda.
Denia Herrera Utria declaró al medio independiente Diario de Cuba que el gobierno le prometió en principio resolver su caso social, pero no solo no la ayudaron, sino que la desalojaron y encarcelaron. De nos ser por una hermana, hubiera perdido la custodia de su hija.
En la actualidad, vive en condiciones infrahumanas y hacinada en la casa de su mamá. Su hija quedó con secuelas por el desalojo.
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