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La organización no gubernamental Human Right Watch (HRW) denunció la violación de los derechos del preso del 11J Andy García Lorenzo, quien cumple una sanción de cuatro años de prisión en la cárcel de Santa Clara.
Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de la ONG, reveló que la familia del joven denunció que este pasó ocho días en una celda de castigo, en pésimas condiciones.
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"Sus familiares dicen que su aspecto de salud es débil y no ha tenido acceso a los medicamentos que requiere. Exigimos que se respeten sus derechos", demandó Pappier en su cuenta de Twitter.
A comienzos de mes, la madre de Andy, Tahirí Lorenzo Prado, hizo una transmisión directa en su Facebook para denunciar las vejaciones a que sometieron los guardias de la prisión a su hijo durante su última huelga de hambre.
"Qué se piensan ustedes, que tienen inmunidad, que pueden darle golpes así a Andy porque les da la gana, que pueden arrastrarlo por una celda, que sea el hazmerreír de todo el mundo, con un colchón arriba, como si fuera un perro", cuestionó Tahirí, visiblemente afectada.
La mujer responsabilizó a la Seguridad del Estado por las arbitrariedades que están haciendo con el prisionero, y advirtió que su familia no se va a callar y seguirá denunciando, tanto por las vías legales como por las redes sociales.
Días antes, los familiares de Andy expresaron temor por su estado de salud, pues padece una enfermedad renal que podría haberse deteriorado en la celda de castigo de la prisión de Santa Clara a la que fue llevado.
Su hermana, Roxana García Lorenzo, alertó que el joven estaba muy delgado y en una celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pre, y que podría presentar sangramiento en su orina, pues padece hipercalciuria, una enfermedad que produce exceso de calcio y requiere de una dieta especial.
En aquel momento el preso político llevaba más de un mes incomunicado y en su segunda huelga de hambre.
Andy García fue condenado en abril a cuatro años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio. La sanción fue modificada a régimen abierto el 31 de mayo, pero días después fue detenido y enviado a un campamento de trabajo forzado en régimen interno, y luego enviado a la cárcel.
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