La Organización de Naciones Unidas (ONU) renovó este viernes el mandato de la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, que tendrá dos años más para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
“El @UN_HRC renueva compromiso con las víctimas de crímenes de lesa humanidad en #Venezuela, extendiendo mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y fortaleciendo rol de @UNHumanRights”, indicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional (IA), Erika Guevara Rosas, en sus redes sociales.
La Resolución, aprobada en el 51° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, renovó la Misión puesta en marcha en septiembre de 2019 para respaldar “a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se han cometido, y se siguen cometiendo en el país”.
Con 19 votos a favor, 23 abstenciones, 5 votos en contra, el texto fue rechazado por el régimen cubano, firme aliado del venezolano. También votaron en contra Bolivia, China, Eritrea y la propia Venezuela.
“¡Triunfo de los DDHH en la ONU! Vergüenza de @CancilleriaARG y una afrenta a la Memoria. Derrota humillante de las dictaduras venezolana, cubana y china. #MejorConDemocracia #NoMasDictaduras”, indicó en Twitter el director general de CADAL, Gabriel C. Salvia, en sus redes sociales, reprochando al gobierno del argentino Alberto Fernández su abstención en la votación.
Según Guevara Rosas, el Consejo de Derechos Humanos escuchó “el clamor de organizaciones de sociedad civil venezolanas e internacionales, quienes llevamos meses pidiendo la renovación del mandato de este mecanismo de investigación”.
En un comunicado, Amnistía lamentó que “Argentina, Honduras y México, dieran la espalda a estos reclamos y a los derechos humanos de las víctimas”, al sumarse al grupo de Estados que se abstuvieron en la votación.
Para la ONG, “los lapidarios informes y reportes públicos de la Misión son herramientas imprescindibles en la lucha de víctimas y organizaciones por el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Hasta la fecha, los informes “concluyeron que hay motivos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela; que los órganos del sistema de justicia funcionan como mecanismo de represión; y que existe una política de represión orquestada desde las más altas autoridades y los órganos de inteligencia, contra quienes sean, o puedan ser percibidos, como personas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro”.
Como parte de esa Misión, los investigadores “llegaron a identificar autoridades individuales, posibles perpetradores, que deben ser investigados por órganos judiciales competentes e imparciales, incluidos aquellos fuera de Venezuela, ejercitando la jurisdicción universal”.
“Hallazgos tan contundentes tienen un valor incalculable para víctimas y sociedad civil dentro de Venezuela y además pueden servir de insumo para la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como servir de disuasión hacia la comisión de más crímenes y violaciones de derechos humanos en el futuro”, apuntó Guevara Rosas.
El voto en contra del régimen cubano es comprensible si se tiene en cuenta que a finales de septiembre un informe de la Misión involucró a militares cubanos con violaciones a derechos humanos en Venezuela desde 2006, cuando los regímenes de Fidel Castro y Hugo Chávez suscribieron acuerdos secretos.
El documento reveló que el régimen cubano entrenó a los servicios de inteligencia de Venezuela. "Los cubanos entrenaron, asesoraron y participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM", confirmó la investigación, que tomó en cuenta las informaciones aportadas por exfuncionarios de ese órgano represivo venezolano.
Los agentes cubanos también "desempeñaban un papel destacado en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la DGCIM, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones, incluidas las Direcciones de Comunicaciones y Operaciones. Era habitual que agentes de la DGCIM viajaran a Cuba para recibir formación".
En el Capítulo II: "Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado (DGCIM y SEBIN)", el informe afirma que la "colaboración" cubana fue posible luego de que las dictaduras de La Habana y Caracas firmaran en 2006 un Memorando de Entendimiento confidencial que, incluso, continuaría vigente.
Este encomendaba al Ministerio de Defensa cubano la supervisión de la reestructuración de los servicios de inteligencia militar venezolanos, incluso mediante la "creación de nuevos órganos" represivos.
También encargaba al régimen cubano formar a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluidos los de mayor rango, y el desempeño de un papel activo en los esfuerzos de contrainteligencia venezolanos", señaló el informe.
Por su parte, el gobierno de Maduro calificó de "fraude" y "piratería" el informe de la Misión que, según el canciller venezolano Jorge Arreaza, solo buscaba torpedear las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
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