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La Justicia de Argentina pidió 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante mandato como presidenta entre 2007 y 2015, según información difundida por el Ministerio Fiscal Público del país suramericano.
Este lunes el fiscal Diego Luciani solicitó, además, la inhabilitación a perpetuidad para el desempeño de cargos públicos.
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A la vicepresidente argentina, de 69 años, le imputan supuestos delitos de asociación ilícita y administración irregular de fondos públicos, específicamente sobre un presunto caso de corrupción en la concesión de 51 obras públicas a un empresario afín a la exmandataria en la región de Santa Cruz, su cuna política, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y la propia Fernández (2007-2015).
"Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández de Kirchner no se enterara de nada en la soledad de su despacho", apuntó Luciani en su alegato para enjuiciar a Fernández de Kirchner.
Tras la acusación, el presidente Alberto Fernández dijo en Twitter que “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández”.
"El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada 'causa Vialidad'", apunta, además, un comunicado de la oficina de Presidencia, difundido por el mandatario en Twiiter tras conocerse la acusación del fiscal Luciani.
La nota advierte que “la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita y la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada son aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal en el estado de derecho”.
Por su parte la vicepresidenta comentó en su red social que “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
También comentó que “si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”.
Asimismo, dijo, que había instruido a su abogado para ampliar su declaración indagatoria para la audiencia de este martes.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, apuntó que la solicitud de la vicepresidenta busca asegurar su "derecho a una defensa legítima en juicio", pese a que la etapa indagatoria ya terminó.
"Los fiscales Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública", añadió el abogado.
Desde 2019, Fernández enfrenta un juicio por presuntos delitos de asociación ilícita y administración irregular de dinero público.
Fernández de Kirchner, quien también es abogada, ostenta inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como la del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Para que la sentencia contra ella sea ejecutada ésta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que si aún es condenada, seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
Este domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron también como una "víctima de una persecución judicial". También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.
En julio último, cientos de argentinos se concentraron frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de la nación, para protestar contra la gestión del actual gobierno.
"Ándate a Cuba, la puta que te parió", fue una de las frases que corearon los manifestantes el día que en Argentina se celebró el Día de la Independencia.
Las protestas ocurrieron a la vez en Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza y Santa Fe, y fueron bautizadas como "el argentinazo" o "el banderazo".
En la capital fue necesario desplegar efectivos policiales en la Casa Rosada, para evitar que los manifestantes entraran a la sede gubernamental, aunque no impidieron que algunos treparan las rejas para agitar a la población.
Los principales rechazos de los manifestantes fue hacia la vicepresidenta del país, Fernández de Kirchner, quien en los últimos meses ha tenido varios desacuerdos con el jefe del gobierno porque tienen visiones diferentes de cómo enfrentar la crisis que atraviesa el país.
Esos encuentros dieron como resultado que renunciara el ministro de Economía, Martín Guzmán, debido a la debilitada situación del país, que presenta una inflación del 60 %, de acuerdo a un reporte de la DW.
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