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Un total de 12,219 personas reciben en Ciego de Ávila subsidio monetario o de servicio por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad económica.
La cifra de núcleos familiares que acuden a la seguridad social sigue en ascenso en esa provincia y actualmente 6,084 cuentan con prestaciones, 1,400 más que los reportados en octubre de 2021, según el diario local Invasor.
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Los datos revelan que la vulnerabilidad económica sigue en ascenso, agravada por la creciente inflación monetaria y la escasez de alimentos y productos básicos de primera necesidad.
Un total de 141 madres de hijos con discapacidad severa reciben una seguridad social equivalente al salario mensual devengado cuando trabajaban y otras perciben prestaciones monetarias.
De acuerdo con datos oficiales, hay 1,079 beneficiarios del Sistema de Atención a la Familia; 132 adultos mayores en hogares de ancianos y 43 en casas de abuelos; y 14 menores con necesidades de climatización en sus viviendas, donde el apoyo radica en el pago de la factura eléctrica.
Según el diario local, las autoridades de la provincia dijeron que existen comisiones de prevención encargadas de atender a jóvenes en situación de riesgo, personas que consumen alcohol, exreclusos y sancionados sin internamiento, aunque no se precisó en qué consiste la supuesta atención.
Solo un centenar de las 2,378 de madres con tres hijos o más han recibido, en el transcurso de un año, una vivienda habitable entregada por el Estado, indican cifras oficiales.
El monto destinado para la protección de personas vulnerables es de 176 millones de pesos. De ellos, 28 millones se asignan para la entrega de recursos a familias e individuos que no pueden incorporarse al empleo o tienen una discapacidad severa, dijo Orlando Díaz Rodríguez, subdirector de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Sin embargo, a finales de mayo se habían dejado de ejecutar alrededor de cuatro millones del presupuesto indicado para recursos a familias. Sobre este hecho, el gobernador de la provincia, Tomás Alexis Martín Venegas, insistió en “ser más ágiles” en la distribución de camas, colchones, ropa, calzado y artículos de aseo.
En el actual contexto de crisis energética que ha impedido a numerosas familias cubanas preparar sus alimentos con medios eléctricos, en Ciego de Ávila el gobierno entregó apenas 300 módulos con cocinas de inducción, para apoyar a familias con dificultades económicas.
Algunas entidades asumen la construcción o terminación de subsidios, como la Empresa Provincial de Abastecimiento y Servicios a la Educación (EPASE) o mipymes locales.
En el Consejo Popular Ruta Invasora, en la cabecera provincial, una microempresa de transporte colaboró en la entrega de camas, colchones, ropa y calzado a una parte de los residentes considerados vulnerables.
Según Invasor, para las autoridades son esenciales la “preparación, superación y desarrollo del potencial humano que interviene en la labor preventiva”. Sin embargo, la pretendida ayuda a los núcleos vulnerables, que van en aumento, no está respaldada por un amplio presupuesto que permita un proyecto transformador para aliviar la situación de las familias.
Las medidas todavía son insuficientes. A inicios de este año se preveía llevar a cabo solo 794 acciones en favor de los núcleos de población vulnerables, por debajo de las 990 realizadas en 2021, según datos oficiales.
Mientras, los resultados y planes de trabajo aún no evidencian un avance relevante en la aplicación del presupuesto.
No se ha precisado cuánto se gastó en la primera mitad de año, pero los funcionarios encargados del trabajo y la seguridad social continúan identificando personas susceptibles de recibir un apoyo estatal para su supervivencia.
En Cuba más de 370,000 personas reciben asistencia social por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad económica, que se han agravado por la llamada Tarea Ordenamiento, la creciente inflación monetaria y la escasez de alimentos y productos básicos de primera necesidad.
De esa cifra, 55,000 son madres con tres o más hijos, familias que residen en comunidades marginales, jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, adultos mayores y personas con discapacidad.
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