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La Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía, la Red Femenina de Cuba y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunciaron este sábado la represión sistémica que ejerce el Estado cubano en el caso de las presas políticas del 11J María Cristina y Angélica Garrido.
En un comunicado difundido por estas tres organizaciones independientes, y al que pudo acceder CiberCuba, se explica que la violencia contra la mujer, y en especial la violencia institucional, constituye uno de los problemas sociales más graves en Cuba, hecho que se evidencia en el caso de estas dos hermanas a quienes califican como “paradigmas de honestidad, integridad y fortaleza”.
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La declaración focaliza en la situación de estas dos hermanas, y denuncia, en el caso de Angélica, que “una parálisis en la mitad de su cuerpo, a consecuencia de un accidente cerebrovascular, es el resultado de la extrema violencia policial de la que ha sido víctima”.
Las organizaciones argumentan que la Asamblea General de Naciones Unidas incluye entre las violaciones a los derechos humanos la violencia “física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado” y precisa que, en su Declaración, este órgano trasnacional recoge más de 17 deberes a cumplir por parte de los Estados, para proteger de violencia a la mujer.
De esta manera, los firmantes se preguntan “¿por qué una y otra vez suceden estos episodios en nuestro país? Porque nuestras leyes no recogen entre las diferentes formas de violencia, ni la de género, en el ámbito privado, ni la institucional en el ámbito estatal. Al no existir sanciones ni control sobre la aplicación de estos deberes, las mujeres en Cuba no tenemos a dónde acudir para denunciar estos atropellos a nuestra integridad”.
“El régimen cubano ha decidido castigar a las mujeres y a sus familias, infringiendo un dolor inmerecido, para doblegarlas, pero ha cometido un gravísimo error, desconocer la fuerza y la energía del amor, que hace que las mujeres hablemos y actuemos, sin temor, y de acuerdo con lo que sentimos. Esta fuerza nos ayudará a modificar nuestra propia existencia y la de nuestros hijos”, agregan.
El comunicado afirma finalmente que, en el caso de estas dos mujeres, “la represión política sistemática, no logrará acallarlas ni acallarnos: es más, la entereza de mujeres como las hermanas Garrido, entre muchas otras, reverberará a lo largo del tiempo”.
Este domingo, lAngélica Garrido, quien sufrió en la prisión del Guatao una parálisis facial, dijo que mantiene y mantendrá su firmeza, pese a las adversidades, y que siempre “luchará contra las injusticias”.
En una comunicación enviada a CiberCuba, la joven, quien cumple una condena de tres años por manifestarse en las protestas del 11 de julio de 2021, en la localidad de Quivicán, Mayabeque, denunció que padece de varías secuelas producto del estrés a que la someten en la cárcel, como decaimiento, dolor constante de cabeza y somnolencia.
La manifestante del 11J agradeció a todos los amigos que se preocupan por su estado de salud y dijo “sentirse triste, mas no derrotada”.
María Cristina Garrido fue condenada en marzo pasado a siete años de cárcel, mientras que Angélica fue sentenciada a tres en el mismo juicio.
Durante estos meses las hermanas Garrido han sido confinadas a celdas de castigo, recibido golpizas, interrogatorios y amenazas, especialmente María Cristina, quien es vista por las autoridades como líder de la manifestación en Quivicán, según reiteradas denuncias de su familia.
Tanto María Cristina (41 años) como su hermana Angélica (39 años) son madres de tres y dos niños, respectivamente, que ahora se encuentran al cuidado de familiares.
Ambas forman parte del grupo de 74 mujeres presas en Cuba, de un total de 747 prisioneros por motivos políticos y de conciencia tras las multitudinarias protestas del verano del pasado año, de acuerdo al subregistro de Justicia 11J.
Antes de las protestas sus nombres ya eran conocidos. María Cristina constantemente denunciaba la situación de pobreza en la que viven muchos niños de su pueblo.
Angélica, por su parte, fue amenazada ese año por enfrentar a un inspector que le impuso una multa a una mujer que se bajó el cubrebocas en una cola para tomar agua.
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