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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante detonantes de protestas sociales como la escasez de alimentos, medicamentos y las limitaciones en los servicios de salud en Cuba.
“La falta de acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en especial la escasez de alimentos, medicamentos y acceso a la salud en Cuba fueron el detonante de las protestas sociales”, apuntó este lunes el organismo en Twitter, tras difundir las principales vulneraciones a estos derechos en Informe Anual 2021.
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La CIDH apuntó en este análisis su preocupación ante los desafíos para la garantía del derecho a la salud en la isla y aseguró que “han seguido atentamente los reportes de contagios y muertes a causa del COVID-19 en el año de 2021, así como sobre los distintos obstáculos para la implementación de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 para asegurar con celeridad y eficiencia el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado”.
También aseguraron que han tomado nota de las denuncias de la sociedad civil sobre la opacidad de la información y el presunto manejo político detrás de las cifras de la pandemia de coronavirus en la isla, por lo que instan al Estado cubano “a establecer una estrategia transparente que proporcione con precisión los datos relevantes de la pandemia y la vacunación”.
Asimismo señalaron su preocupación ante “la abundante información sobre las limitaciones en la prestación de los servicios de salud, la insuficiencia de camas o ambulancias para tratar a las personas contagiadas con el coronavirus, el colapso de hospitales en la isla, la escasez de medicamentos esenciales, de jeringas, oxígeno y otros suministros6, junto a las dificultades para acceder a tratamientos de otras enfermedades y patologías en el contexto de la pandemia”.
Según información recabada por el organismo, ocho de cada diez personas cubanas no pudieron conseguir medicamentos en las farmacias debido a su escasez.
Además, expusieron que un 20% de las personas con las que recabaron información indicaron haber tomado medicinas vencidas.
Otra de las preocupaciones que destaca este informe se relaciona con el hecho de que “las personas tengan que acudir al mercado informal para acceder a medicamentos o productos de primera necesidad, así como la indicación del gobierno de usar plantas medicinales para suplir la escasez de medicamentos a nivel comunitario y hospitalario”.
La CIDH calificó como crítico el manejo de los servicios necrológicos en la isla ante los fallecidos por COVID-19, tras señalar “la existencia de fosas comunes, la falta de vehículos fúnebres para transportar los féretros a los cementerios, el colapso de las morgues y problemas para fabricar suficientes sarcófagos”.
“Al respecto, se reitera que, de acuerdo con la Resolución 4/2021 de la CIDH, las personas familiares de las víctimas fallecidas durante la pandemia de la COVID-19 deben poder tener un duelo y realizar sus ritos mortuorios, conforme a sus propias tradiciones y cosmovisión”, sostiene el citado informe, que resulta un instrumento de referencia y de transparencia institucional que compila la situación de los derechos humanos y presenta los avances y desafíos que se han producido en la región de las Américas.
El análisis apunta, además, que el Estado cubano se dedicó a la investigación y producción de vacunas, en lugar de depender del apoyo internacional en esta materia, y “aunque sea un gran logro para el país, esta decisión trajo como consecuencia un atraso en el inicio del proceso de vacunación y una situación de colapso en servicios de la salud”.
La CIDH expuso en su informe el cuadro de desabastecimiento de alimentos básicos y esenciales en Cuba, que está afectando la adecuada nutrición de la población, sobre todo de las personas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
Concluyeron que “dicha situación constituye actualmente uno de los principales retos enfrentados por la población, revelando una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y de inseguridad alimentaria en el país”.
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