Sociedad civil exhorta a condenar la dictadura cubana

En el documento aprobado por los participantes en el encuentro se condenaron además las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, así como la eliminación de todo tipo de violencia política.

Rosa María Payá, al centro, con otros representantes de la sociedad civil de Cuba © Facebook / Rosa María Payá Acevedo
Rosa María Payá, al centro, con otros representantes de la sociedad civil de Cuba Foto © Facebook / Rosa María Payá Acevedo

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Este artículo es de hace 2 años

La sociedad civil de Cuba exhortó a las naciones asistentes a la XI Cumbre de las Américas a condenar la dictadura de la isla y a exigir la liberación de los presos políticos.

En el documento aprobado por los participantes en el encuentro se condenaron, además, las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, así como la eliminación de todo tipo de violencia política.


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"Lo logramos", escribió en su cuenta de Facebook la opositora Rosa María Payá al dar a conocer la información, que fue recibida con júbilo por otros activistas y miembros de la sociedad civil de Cuba.

Asimismo, se instó a condenar las acciones desestabilizadoras del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en el hemisferio, y la injerencia del estado cubano en cualquier país del área.

A pesar de que el gobierno cubano impidió a varios activistas y periodistas independientes asistir a la Cumbre de las Américas, la presencia de importantes sectores de la oposición y defensores de los derechos humanos en Cuba han desempeñado un importante papel en la defensa de los intereses de quienes sufren las consecuencias de la dictadura.

"Triste ver cómo la dictadura no dejó salir a nadie de Cuba para esta Cumbre", escribió en las redes sociales el músico Yotuel Rodríguez, uno de los invitados.

El régimen cubano ha intentado desacreditar el encuentro internacional y el propio presidente Miguel Díaz-Canel declaró en conferencia de prensa que la cita tiene un "carácter excluyente y discriminatorio".

"Es difícil ser promotor de los derechos humanos a nombre de un gobierno que no es capaz de asegurar el derecho a servicios esenciales de salud en el país más rico y poderoso del planeta", dijo, argumento que fue rebatido rápidamente por aquellos críticos del sistema sanitario de la isla que no puede garantizar servicios públicos de calidad.

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