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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes sus Informes de países sobre prácticas de derechos humanos de 2021 y destacó la situación crítica que se vive en Cuba en este sentido, en especial tras el estallido social de julio de 2021, que dejó a más de 700 personas privadas de libertad.
"Los informes pintan una imagen clara de dónde están amenazados los derechos humanos y la democracia. Destacan dónde los gobiernos han encarcelado, torturado o incluso asesinado injustamente a opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos o periodistas, incluso en Rusia, la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea, Nicaragua y Siria. Documentan abusos de manifestantes pacíficos que exigen democracia y libertades fundamentales en países como Birmania, Bielorrusia, Cuba, Hong Kong y Sudán", señaló el prefacio de los documentos.
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Durante casi cinco décadas, Estados Unidos ha realizado los Informes de países sobre prácticas de derechos humanos. Los del año en curso incluyen a 198 países y territorios.
"La información contenida en estos informes no podría ser más vital o urgente dados los continuos abusos y violaciones de los derechos humanos en muchos países, el retroceso democrático continuo en varios continentes y el autoritarismo progresivo que amenaza tanto los derechos humanos como la democracia, especialmente, en la actualidad, con el ataque no provocado de Rusia a Ucrania", asegura la institución americana.
En el caso de Cuba, el informe abarca 46 páginas y se divide en siete secciones, que abordan temas tan diversos como la integridad humana, los derechos laborales, las libertades civiles y políticas, la postura del gobierno frente a las investigaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos y las discriminaciones.
"Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; desaparición forzada por parte del gobierno; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos", precisó la publicación.
Además, en su parte introductoria resaltó otros problemas que atraviesan la cotidianidad en la isla, como la falta de independencia del poder judicial, la injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad, las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a Internet, la violencia contra periodistas, la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra las personas que critican el liderazgo del gobierno, entre otras.
"Los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos. Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron estos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, al igual que la impunidad de la corrupción oficial", denunció el reporte.
En la sección primera, titulada "Respeto a la Integridad de la Persona", el Departamento de Estado acusó al gobierno cubano y sus agentes de cometer "homicidios arbitrarios o ilegales" y citó como ejemplo el asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, durante las protestas en contra del gobierno en el barrio La Güinera, de la Habana, como resultado de un disparo de arma de fuego que recibió por la espalda.
Asimismo, mencionó el caso de la activista ya fallecida Laura Pollán, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, que murió en 2011 en circunstancias sospechosas.
En cuanto a las torturas y tratos crueles, el informe indicó que las fuerzas de seguridad y sus agentes "hostigaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y en favor de la democracia, disidentes políticos y manifestantes pacíficos, y que lo hicieron con impunidad".
"Algunos detenidos y presos sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de funcionarios penitenciarios u otros reclusos a instigación de los guardias. Aunque la ley prohíbe la coerción durante los interrogatorios de investigación, la policía y las fuerzas de seguridad en ocasiones utilizaron tácticas agresivas y físicamente abusivas, amenazas y hostigamiento durante los interrogatorios", afirmó.
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