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La sociedad civil y la oposición promueven sendas leyes de amnistía en favor de los condenados del 11J en Cuba, por iniciativas del jurista independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, coordinador de Inteligencia Ciudadana (I-CID), y del Consejo para la Transición a la Democracia (CTDC), respectivamente.
Ambas propuestas coinciden en que la amnistía alcance a todos los condenados por los sucesos del 11J, pero discrepan en cuanto al juzgamiento de los represores; Fernández Palacios los excluye y propone juzgarlos, mientras que el Consejo para la Transición los incluye en la medida de gracia, ateniéndose a su apuesta por la Reconciliación nacional, siempre que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos.
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Propuesta de Fernández Palacios: ARTÍCULO 2.2.): Esta ley no concede Amnistía a quienes involucrados en los hechos descritos en el artículo 1, perpetraron violaciones de Derechos Humanos e infligieron graves daños y perjuicios con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones.
Propuesta del CTDC: ARTÍCULO QUINTO.- Dado que esta Ley promueve también la Reconciliación Nacional de todos los cubanos y cubanas, con independencia de su postulación política o ideológica, quedan también amnistiados, en igualdad de condiciones que los antes expuestos, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, así como aquellos ejecutados contra el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, y siempre que no se llevasen a cabo cometiendo crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de los derechos humanos.
El CTDC propugna una amnistía prioritaria para cubanos menores de edad, mujeres y madres; mientras que I-CID no establece diferenciación entre unos condenados u otros.
Inteligencia Ciudadana y el Consejo para la Transición subrayan la legalidad de sus propuestas, acogéndose a los propios preceptos constitucionales y legales de Cuba, condenan el llamado a la guerra civil del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como respuesta a las manifestaciones del 11J y sucesivos, subrayando su carácter pacífico y al ejercicio de un derecho constitucional de manifestación, previsto en el artículo 56 de la Constitución.
Fernández Palacios basa su propuesta en el artículo 164, inciso K, de la Constitución vigente, que establece el derecho de los ciudadanos a promover la tramitación de leyes, siempre que reúnan diez mil firmas válidas, avalando la iniciativa; y recuerda que el Código Penal vigente prevé la extinción de delitos, mediante la amnistía; reconociendo que la legislación cubana carece de una Ley de amnistía, falta que atribuye al carácter totalitario del régimen imperante de partido único.
El CTDC lanzó su "Proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso en Cuba", amparado también en el articulado de la Constitución vigente, estableciendo que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana el poder del Estado; que reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; derechos también recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La propuesta de Inteligencia Ciudadana ya ha provocado reacciones entre opositores y activistas, de apoyo y rechazo; la activista cubana Saily González la apoyó y otros la descalifican, tildándola de diálogo encubierto e intento de lavar la cara de la dictadura; mientras que la del Consejo para la Transición acaba de ver la luz; aunque los promotores de ambas iniciativas han dialogado sobre contenido y alcance de las mismas.
En caso de que una de las propuestas consiguiera el aval de 10 mil o más cubanos, la iniciativa tendría que ser tramitada y aprobada o rechazada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, como ocurrió, en 1998, con el "Proyecto Varela", liderado por el fallecido Oswaldo Payá Sardiñas, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación; pero Fernández Palacios cree que un No del régimen, incrementaria su descrédito antidemocrático.
Por su importancia, CiberCuba reproduce -por separado y en notas aparte- el contenido de ambas propuestas, con el objetivo de facilitar su conocimiento entre todos los cubanos.
Fernández Palacios actúa a título individual, mientras que la iniciativa del CTDC está avalada por Elena Larrinaga de Luis, Ernesto Gutiérrez Tamargo y Juan Antonio Madrazo Luna.
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