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El Consejo de Ministros de Cuba aprobó la creación del Departamento de Atención a las Instituciones Religiosas y las Asociaciones Fraternales, y dijo que la iniciativa forma parte del fortalecimiento de la estructura del gobierno y del "perfeccionamiento de los métodos de dirección".
De acuerdo con una nota oficial publicada por el Partido Comunista de Cuba (PCC), la nueva entidad –separada de la polémica Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC– tiene la "misión de conducir y ejecutar las tareas administrativas relacionadas con estas entidades".
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El régimen asegura que los asuntos religiosos y fraternales, han sido objeto "de atención permanente por la dirección de la Revolución".
Asimismo, que las "decisiones en este ámbito han estado dirigidas a mantener la unidad del pueblo y propiciar la plena inserción en la sociedad cubana de los creyentes y las instituciones que los representan".
"La Constitución de la República declara que el Estado cubano es laico y reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, así como que las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes", expresa el texto.
Añade que la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC seguirá manteniendo su labor en la implementación de la política de la Revolución hacia la religión y los creyentes.
Sin embargo, la creación de este Departamento, que será dirigido por la máster en Ciencias Sociales Eloísa Valdés Pérez, surge luego de varias declaraciones de los religiosos cubanos a raíz de los sucesos del 11 de julio, y luego de que Cuba fuera incluida en la Lista Mundial de la Persecución Religiosa de 2022 como uno de los países peor calificados, en el puesto 37.
La preocupación del régimen sobre las denominaciones religiosas en Cuba se intensificaron tras las manifestaciones del 11J, cuando los masones y las iglesias protestantes enviaron una misiva al gobernante Miguel Díaz-Canel, condenando el llamado que hiciera a la violencia contra los cubanos que salieron a las calles.
En rechazo a la represión del gobierno el Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, Ernesto Zamora Fernández, rechazó reunirse con el mandatario, tras enviar un mensaje público a su comunidad en el que aseguró que no asistiría a una reunión convocada en aras de “preservar la unidad masónica”.
Asimismo, en noviembre pasado representantes de la Iglesia Católica de Cuba salieron vestidos con prendas blancas a las calles de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, para respaldar al pueblo que había convocado a una marcha cívica el llamado 15N.
Recientemente, los masones cubanos mostraron apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano a través de una carta dirigida al embajador de ese país en Cuba, Oleksandr Kalinchuk, en rechazo a los ataques militares de Rusia, una decisión contraria al discurso oficialista en la isla.
En enero, la organización Open Door (Puertas abiertas, en español), al publicar el listado de países con mayores índices de persecución religiosa, dijo que en la nación caribeña el gobierno reacciona con dureza contra las voces opuestas, y cuando los líderes de la iglesia o los activistas cristianos no están de acuerdo con el régimen, se enfrentan al arresto, al cierre de iglesias o negocios y al asedio del gobierno y sus simpatizantes.
"El registro para nuevas iglesias con frecuencia es negado, ya que las autoridades quieren controlar y limitar la influencia de la iglesia, lo que obliga a muchas iglesias a operar ilegalmente. Esto lleva a la imposición de sanciones como negarse a emitir permisos, fuertes multas, confiscación de propiedades o incluso demolición y cierre de iglesias, incluidas iglesias nacionales. El gobierno controla todos los medios de comunicación y restringe el acceso al mundo exterior, por lo que es muy difícil para los cristianos comunicarse en el país", detalló esa instancia, que sirve a los cristianos perseguidos en el mundo.
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