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El portavoz principal para asuntos exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, exigió hoy al gobierno cubano que respetara los derechos humanos y expresó su preocupación por las sentencias a los participantes en el estallido social del 11 de julio de 2021.
"Instamos a las autoridades de Cuba a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. La transparencia y el respeto al debido proceso deben guiar los juicos relativos a las protestas del 11 julio. Nos preocupan las severas condenas impuestas", aseguró Stano.
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De acuerdo con los registros de Justicia 11J, al menos 1,395 personas fueron detenidas por manifestarse en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel en distintos puntos de Cuba en julio de 2021. De ellas, 727 continúan privadas de libertad.
A finales de enero de 2021, luego de intensas y efectivas campañas de activistas en redes sociales para que los medios de prensa extranjera cubrieran los juicios que tenían lugar en la isla, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado en el que informó que 790 personas habían sido instruidas con cargos por "actos vandálicos" cometidos durante las manifestaciones.
De esos 790 casos, hasta ese momento, 710 habían pasado ante los tribunales. Sin embargo, ello no significó el acceso a justicia, al contrario. Durante los procesos han abundado las denuncias de familiares de violaciones del debido proceso.
Justicia 11J ha documentado 168 casos de personas acusadas de sedición y 43, de sabotaje. Ambos delitos contra la Seguridad del Estado para los cuales la fiscalía ha pedido sentencias de entre 15 y 30 años de cárcel.
En distintos momentos organizaciones internacionales, así como funcionarios europeos y estadounidenses, han denunciado la severidad de las penas y el mismo hecho de que el régimen encierre a personas por ejercer sus derechos, pero hasta ahora ninguno de los reclamos y pronunciamientos ha sido suficiente.
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