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El Consejo para la Transición a la Democracia en Cuba (CTDC) condenó el destierro de la activista Anamely Ramos, que viola la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; burla el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea y la Carta Fundacional de Naciones Unidas.
"La prohibición de regreso a Cuba a la historiadora y activista Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, es una ruptura con los fundamentos y el sentido de una República, en la que el destierro es inconcebible", subraya el CTDC en una declaración divulgada en La Habana, Estados Unidos y Europa.
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El destierro de Anamely Ramos es muy grave y todos los cubanos deberíamos condenarlo y exigir la repulsa de la comunidad internacional porque el gobierno ha colocado a Cuba en la doble condición de estado paria y fallido, usando la fuerza contra un nacional, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, añade.
El intento del gobierno cubano de fundamentar la expulsión de Anamely Ramos en un Decreto-Ley es un "acto de desesperación inconstitucional con la pretensión de imponer la soberanía estatal por encima de la soberanía de los ciudadanos", subraya el texto del Consejo para la Transición.
La Constitución está por encima de la ley, de los decretos-leyes, de la ley administrativa y de cuanta disposición se produzca en cualquier institución del Estado, recuerda.
El artículo 24.1, del Decreto Ley 302, de rango inferior a una ley, y por demás, a la Constitución, destruye el principio de legalidad y de coherencia orgánica del cuerpo jurídico del Estado. Y su redacción pervierte la base humana del derecho, constata.
El referido artículo establece que resultan inadmisibles en el territorio nacional aquellos cubanos que organicen, estimulen, realicen y participen en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del estado.
En este caso, el gobierno cubano introduce otra perversión: Escamotea la doble condición como cubana y como ciudadana de Anamely Ramos, diluyéndolas en una persona-no persona sin residencia, forzada ilegítimamente, destaca la declaración del CTDC que insta a denunciar el caso ante instituciones cubanas y extranjeras.
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