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La sociedad civil independiente de Cuba identificó y denunció deficiencias en el proceso de consulta popular del Código de las Familias, que se desarrollará hasta finales de abril de acuerdo con el cronograma oficial.
El Observatorio de Derechos Electores (ODE), un capítulo del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), desplegó a sus integrantes por diferentes localidades, fundamentalmente en La Habana, para monitorear de manera independiente el proceso.
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La activista Marthadela Tamayo explicó a CiberCuba que es importante contar con personas que observen cómo se lleva a cabo la consulta popular, porque el Código de las Familias plantea temas de interés como la diversidad familiar y el derecho de las personas a construir un entorno filial en libertad.
"Dentro de Cuba sabemos que los debates son controlados, que se discuten proyectos de ley que son avalados por las estructuras del poder estatal que no se votan en ninguna de sus instancias y esto nos llamaba también la atención", abundó Tamayo.
Los observadores utilizan como guía el documento "ABC de la consulta popular en Cuba", que ofrece toda la información disponible sobre el proceso de consulta que ocurre en torno al Código de Familias.
En los primeros días del debate, el ODE detectó un grupo de deficiencias, como la falta de divulgación del calendario de reuniones donde los vecinos puedan conocer el momento en que ocurrirán los encuentros, una gran diferencia entre el formato de las reuniones piloto que transmite la prensa oficialista y el modo en que se desarrollan en la mayoría de los barrios consultados, ausencia de vecinos, entre otros.
"Nos importa conocer, que en este proceso exista transparencia y participación de la ciudadanía, queremos conocer cómo serán las propuestas que la ciudadanía desarrollará y si estas propuestas serán tomadas en cuenta", apuntó Tamayo.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del CIR, dijo a este medio que los lugares donde principalmente se detectaron estos problemas fueron los municipios Plaza, Playa y Cerro, en La Habana.
"Este es un ejercicio de fiscalización ciudadana que no está exento de riesgos para los activistas que participan, pues desde la Comisión Electoral, su presidenta Alina Balseiro, dejó claro que no admite interferencias de terceros. Podemos entender que se refiere a los observadores que de forma independiente intentan participar en el proceso", advirtió.
Para la sociedad civil independiente es importante que se permita la observación del proceso y se respeten las garantías de todos los ciudadanos para que sea una consulta en la que se recoja el verdadero sentir de la población.
El proceso de consulta sobre el Código de Familias comenzó el 1 de febrero en todo el país y aunque la prensa oficialista trata de ofrecer un clima de tranquilidad, en las redes sociales y otros espacios se generan debates en cuanto a los cambios que introduce la ley, como la eliminación del concepto "patria potestad" y la aplicación del término "responsabilidad parental".
Este término, con todo lo que conlleva, pudiera servir de justificación para que el régimen ataque directamente a aquellos activistas, opositores o periodistas independientes que no comulgan con la ideología comunista.
Existen campañas independientes para explicar todo lo que supone el Código y ofrecer a la ciudadanía toda la información posible para que conozca en qué consiste y cuáles son sus principales ventajas y desventajas.
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