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La organización no gubernamental Prisoners Defenders registró más de mil prisioneros políticos en Cuba desde febrero de 2021 hasta finales de enero de 2022.
Según un comunicado de la organización de acción jurídica y defensa pro-democrática, en ese período 1,054 cubanos clasifican como prisioneros de conciencia.
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La nota explica que en febrero de 2021 tenían registrados 137 casos de personas detenidas en la isla por motivos políticos, pero “desde entonces hasta final de enero de 2022 se han sumado, además de estos 137, otros 917”.
También apunta que esta cifra solo es una fracción, ya que podrían haber muchos más por la imposibilidad de poder contrastar los datos con la información del régimen, el cual no reconoce la existencia de presos políticos en Cuba y por lo tanto no ofrece estadísticas sobre los mismos.
Asimismo, de ese total, la organización ha podido verificar que 794 son prisioneros políticos por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio último en Cuba.
Igualmente, cuestionó el reciente comunicado de la Fiscalía General de Cuba, en el que admitieron la existencia de 117 expedientes en fase preparatoria correspondientes a los hechos que implican a 790 personas instruidas de cargo por salir a protestar el 11J.
Prisoners Defenders consideró que esa información tiene faltas de precisión y está repleta de términos ambiguos.
La organización también cuestionó a las Naciones Unidas, especialmente a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por su “silencio absoluto” ante estas detenciones y los juicios de los últimos meses.
“El silencio actual ante esto, cuando ya han pasado seis meses desde el único e insuficiente pronunciamiento del SEAE [Servicio Europeo de Acción Exterior], dada la masiva y sistemática forma en la que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Cuba, es compartido por el Sr. Josep Borrell de forma vergonzosa e inexplicable, lo que contribuye solo a un resultado: perpetuar la situación de terror durante años, pero conservar las cadenas hoteleras españolas en Cuba, donde los empleados cubanos cobran una fracción insignificante de los beneficios que el régimen se reparte con las cadenas, que tienen pagar la práctica totalidad del salario al régimen”, sostiene, además, la nota.
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