La empresaria y activista cubana Saily González denunció este viernes que el acoso del régimen hace peligrar la iniciativa de ayudas a los presos políticos, especialmente luego de publicarse el anteproyecto de ley del Código Penal cubano.
Durante la más reciente emisión del programa de debate Las mañanas de CiberCuba, la joven santaclareña enumeró acciones violentas contra la familia del preso político Andy García Lorenzo, gestora y administradora del proyecto Ayuda a los valientes del 11J que se sostiene con contribuciones de exiliados cubanos.
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“Imagínense ustedes a qué punto los han hostigado, que salir de su casa a un turno con el estomatólogo les provoca preocupación”, dijo la activista refiriéndose a Roxana García -hermana de Andy-, su esposo Jonathan López Alonso y sus suegros Pedro y Yenia.
González recordó que Pedro fue citado por la Policía por supuesta corrupción de menores, alegando que el activismo del padre de Jonathan perjudicaba el desarrollo de su hija menor de edad. “En corrupción de menores incurren ellos cuando los adoctrinan”, dijo la empresaria en referencia a las autoridades por la politización de la educación en Cuba.
“Todos vimos como el 14 de enero fueron los cuatros a los que se llevaron”, recordó y preciso que el objetivo de aquella detención fue impedirles que se apostaran en las afueras del Tribunal Provincial Popular de Santa Clara, mientras sesionaba el juicio a Andy y otros manifestantes del 11J. “Las amenazas contra ellos son todo el tiempo”, sentenció.
Asimismo, repasó la confiscación de los teléfonos móviles de la familia López-García y las multas de alta sumas que les fueron impuestas, las cuales que no pagarán sin apelar para su anulación.
“Por supuesto las vamos a pagar, pero no sin reclamar. Ya todos reclamamos las multas de 3 mil pesos que nos impusieron”, dijo y explicó que a pesar de parecer una acción inútil, por la falta de justicia en Cuba, “no vamos a dejar de usar las herramientas que supuestamente deberían existir”.
Sin embargo, lo que mas preocupa a los activistas de Santa Clara es el proyecto de ayuda a los presos políticos, especialmente tras la publicación del nuevo Código Penal cubano que entrara en vigor en el mes de abril.
“Estamos todos muy preocupados con este anteproyecto del Código Penal”, expresó la activista y citó las palabras de López en lo referente a la recaudación de fondos para la distribución de comida y aseo a los presos del 11J y sus familiares: “En abril tendremos que parar el proyecto de ayudas para los presos políticos porque en la primera ayuda que recibamos, estaríamos siendo financiados y podremos ser procesados”.
De acuerdo al artículo 143 del mencionado anteproyecto de ley, “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
En otras palabras, persona de la sociedad civil cubana que a nombre propio o de un colectivo reciba fondos o recursos para solventar actividades que el Estado considere en conflicto con los intereses de la casta que gobierna el país o la ideología impuesta en Cuba, puede enfrentar condenas de hasta diez años de cárcel.
Con esta legislación el Estado puede procesar a los cubanos por su solidaridad para con los presos políticos, disidentes, personas en extrema pobreza o gestores de cualquier iniciativa de ayuda a minorías y marginados por el poder. Lo anterior no solo permite la vulneración de los más necesitados condenándoles al total abandono, sino que proscribe toda forma de solidaridad que nazca de la sociedad civil.
La empresaria describió el clima de persecución que viven los familiares de presos y activistas que denuncian y visibilizan las violaciones de los derechos humanos en Cuba y exhortó a los cubanos a mantenerse informados y no ceder a la presión en pos de lograr un país democrático.
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