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Aunque el gobierno cubano considera que a partir de los 16 años ya las personas pueden ser tratadas penalmente como adultas, cuando un menor privado de libertad enferma y requiere atención médica, las autoridades suelen llevarlo ante un pediatra. Ese fue el caso, este fin de semana, de Rowland Jesús Castillo Castro, uno de los manifestantes del 11 de julio en La Habana, que cumplió hace dos meses sus 18 años tras las rejas.
El adolescente se encuentra acusado de sedición y la fiscalía le pide 23 años de privación de libertad. De los 11 manifestantes que eran menores de 18 años al momento de su detención y enfrentan este delito contra la Seguridad del Estado en el país, Rowland Jesús Castillo es quien mayor condena podría sufrir.
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Su madre, Yudinela Castro, en un mensaje de audio difundido por Justicia 11J en Facebook, contó que este sábado a su hijo lo llevaron desde el centro penitenciario Jóvenes de Occidente hasta el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en Marianao, debido a que sufría dolores por dos hernias que tiene en la ingle. Cuando él llegó, en compañía de dos oficiales y un mayor que tenía "muy mala forma", ya ella estaba allí.
"Le pedí (al mayor) que me dejara acercarme a mi hijo, a mí que soy su madre, para tan siquiera darle un beso, la bendición, abrazarlo, como hijo mío que es, y con tremenda grosería me dijo que no, que nadie podía acercarse. Inclusive le pedí para pasar a la consulta, para hablar con el médico, para rectificarle al médico los padecimientos que tiene mi hijo, las tantas operaciones que ha tenido mi hijo en la ingle y en el ombligo, que tuvo una operación de varicocele, y me dijo que no, que yo no podía entrar a la consulta", asegura.
De acuerdo con una publicación reciente de la artista visual y activista Salomé García, una de las coordinadoras de Justicia 11J, desde que el adolescente fue detenido, el 16 de julio de 2021, ha enfermado ya varias veces: "tuvo sarna y ahora tiene dolores debido a que por el deporte que practica tiene varias hernias". Para este 8 de enero, se suponía que fuera sometido a cirugía, pero García explicó a CiberCuba que esto fue imposible debido a que padece anemia.
Este sábado, su madre le había llevado al hospital una malta en un pomo plástico y una hamburguesa para que desayunara, pero tampoco le permitieron que le entregara los alimentos. Dijo que el mayor "nunca dejó que nadie se acercara a él".
"Lo llevaron a hacer un ultrasonido, pedí que me dejaran entrar, y tampoco me dejó, con muy mala forma. Es verdad que está preso por temas de política, pero mi hijo no ha matado a nadie, mi hijo no es ningún asesino, y ahí en el hospital todo el mundo comentando, todo el mundo comentando "qué crimen con ese niño", que por qué no dejaban que yo me acercara, que era la madre", relató.
Justicia 11J destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce los derechos humanos de niños y niñas, definidos como personas menores de 18 años, y fue firmada por Cuba en 1991 y ratificada en 1992, no sólo establece la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, sino también "el derecho de los menores a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, en especial si se trata de circunstancias como las descritas".
En su artículo 37, el tratado refiere que los Estados Partes deberán velar por que ningún niño sea sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a sentencias severas, como la pena capital o la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. "La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda", expone.
Además, la Convención enfatiza en que es importante tener en cuenta las necesidades de las personas menores de edad en circunstancias de encarcelamiento y garantizar el derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas.
"Rowland necesita el contacto con sus padres siempre, y sobre todo, cuando su situación física y emocional se hacen más delicadas. También, necesita la bendición de su familia, en virtud del respeto a su libertad de religión. Estos mismos derechos le asisten a Yudinela, en su condición de madre y tutora del menor", consideró Justicia 11J en su comunicado.
No obstante, el comportamiento de las autoridades cubanas en este caso, al igual que en otros antes denunciados, como el del menor Jonathan Torres Farrat, que padece de hipertensión, ha violado impunemente no sólo el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño sino también las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
Yudinela Castro explicó en el audio que, este sábado, en el hospital, ella estuvo en varias ocasiones a una distancia aproximada de dos metros de su hijo y le realizó algunas preguntas, pero que el joven permaneció con la cabeza baja y en silencio, pues el mayor le decía que no podía hablar. "Todo muy mal, todo muy mal, la verdad. Después de que salieron de la consulta, que se lo llevaron, le pedí a un oficial que se quedó con él atrás, porque el mayor ya había ido a buscar el carro donde lo habían traído, que me dejara darle un beso y me dijo que no, que yo no podía darle besos ni nada a mi hijo", señaló.
La madre también intentó comunicarse con el médico que atendió a su hijo para obtener información acerca de su estado de salud, una vez que los oficiales se lo llevaron, pero el médico se negó alegando que no era su deber hacerlo. Castro estuvo esperando por noticias de su hijo hasta el martes en la tarde, cuando Justicia 11J denunció su situación. Hasta que no se publicó su testimonio en redes sociales, no le permitieron comunicarse con Rowland Castillo.
Salomé García, luego de conversar con la familia del adolescente, afirmó a CiberCuba que, hasta ahora, en la prisión no ha recibido ningún medicamento para, al menos, aliviar sus dolores.
"Rowland salió a las calles, siendo aún un niño, sin medir las consecuencias de sus actos, a pedir libertad. La policía lo reprimió, con gas pimienta, piedras, y disparos. Solo después de eso, él y otros manifestantes volcaron patrullas, en defensa propia. Ahora los fiscales y la Seguridad del Estado lo reprimen a él y a su familia", sostuvo García en sus redes el 31 de diciembre.
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