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Un documento de 5 páginas y ya está. De momento, seguimos sin la publicación del presupuesto con el detalle de las cifras. Habrá que conformarse con el escueto Dictamen al proyecto de ley del presupuesto del estado para el año 2022, que ha sido publicado como PDF en Cubadebate.
En Cuba, los presupuestos se presentan a la Asamblea nacional para su aprobación y posterior publicación como Ley, en la que se recoge su contenido, los principales elementos que lo relacionan con el plan de la economía y la eventual aplicación de las partidas económicas consignadas en la cuenta general. Todo ello muy legal y bien presentado, pero cuando llega el momento de ejecutar, empiezan los problemas.
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Y en 2021 la gestión presupuestaria del régimen comunista cubano se ha enfrentado al peor de sus enemigos: los ingresos que recauda de la economía, tanto tributarios como no tributarios, cayeron en picado otra vez (en 2020 fue un desastre por la pandemia, pero en 2021 la responsabilidad directa es de la Tarea Ordenamiento) limitando la capacidad de gestión de la maquinaria estatal. Y es que, sin ingresos, por mucho que se presupuesten aumentos del PIB en el plan de un 6%, no se puede hacer nada, cuando la economía depende en un 80% del presupuesto estatal.
Lo peor es que según todos los indicios, al parecer esas limitaciones de ingresos pueden continuar en 2022, por cuanto se mantiene el escenario complejo a nivel mundial, con el COVID-19 haciendo estragos en todos los países, a lo que siempre, los comunistas cubanos añaden el complemento circunstancial del bloqueo o embargo que sigue ahí después de más de medio siglo. Con este escenario, el plan de 2022 anticipa un crecimiento del 4% para la economía cubana, que el ministro de economía alardeó ante los diputados de la Asamblea nacional, pero que todo el mundo sabe que es una estimación irreal y poco responsable.
De modo que detrás de ese fiasco que va a ser el ejercicio económico en 2022, irá la gestión presupuestaria de la señora Bolaños que, en vez de ayudar al desempeño de los agentes económicos, volverá a crear todo tipo de distorsiones en las decisiones y, lo que es peor, alimentará las expectativas alcistas del proceso de inflación desatado por la Tarea Ordenamiento.
En estas condiciones, el dictamen señala en varias ocasiones, que “es imprescindible trabajar por una dinámica de crecimiento con eficiencia, para que el Presupuesto del Estado pueda contar con los recursos necesarios y cumplir su papel redistribuidor de la riqueza nacional”. El problema es como cerrar ese sudoku en el que se han metido los comunistas cubanos, ellos solos, sin que nadie les obligue, mostrando al mundo, una vez más, las debilidades del modelo económico existente, su carácter obsoleto e inútil, para afrontar un escenario como el actual.
Porque si, puede estar muy bien decir que se dispondrá de recursos financieros para los gastos por más de 306 mil millones de pesos, para dar garantías a la continuidad de los programas priorizados y las principales actividades económicas que se financian desde el presupuesto. Pero otra cosa es que los ingresos alcancen esa cifra, que puede estar cerca del 70% del PIB de la economía (la media gastos del estado en los países de América Latina y Caribe en porcentaje del PIB ronda un 30%, el peso que ejerce la presión fiscal en la economía cubana es insoportable).
Un presupuesto de gasto corriente (que en su mayor parte se extingue con el pago de nóminas salariales de empleados del sector presupuestado) de modo que las tres cuartas partes del dinero se destinan a la actividad presupuestada (un 73%) para asegurar, dice el dictamen “los programas y servicios básicos a la población”. El impacto inflacionista de este gasto es muy importante. De ese ingente volumen de dinero que se consume en el ejercicio, sin generar valor añadido o capacidades para el futuro, los llamados “logros de la revolución”, Salud Pública y Educación, como viene siendo habitual, concentran más de 112 mil millones de pesos (el 50% de la actividad presupuestada) en tanto que el resto de las funciones del estado (actividades culturales, servicios sociales, defensa, deportes, etc.) se reparten la otra mitad.
Siguiendo por el orden, en segundo lugar, para la seguridad y la asistencia Social, el presupuesto asignado asciende a más de 43.600 millones de pesos, siendo esta otra de las partidas relevantes, las pensiones dirigida a los sectores más vulnerables de la población.
En tercer lugar, mención especial merecen los subsidios destinados a la actividad no presupuestada, que a pesar de que iban a ser eliminados en la Tarea Ordenamiento, han vuelto con fuerza, colocándose en tercera posición del presupuesto de gastos con 39.666 millones de pesos.
Estos subsidios se destinan a rebajar los precios de los productos y servicios elaborados por las empresas estatales y organismos ineficientes del régimen, y, por tanto, serán recibidos con alegría por el monopolio eléctrico, de gas, agua, la producción de medicamentos, el transporte estatal, algunos productores de leche, carne y compota para niños, entre otras. Lo cierto es que el dictamen reconoce que se ha producido una reducción en esta partida compensatoria, pero no acaba de desaparecer porque tiene un poder de control sobre la economía que los comunistas no quieren perder.
Al respecto, la iniciativa de la Tarea Ordenamiento pasó a mejor vida, y ahora, la ministra pretende “como parte de la Estrategia económico social y los Lineamientos acelerar los análisis y acciones que permitan avanzar en el traspaso a empresas de las unidades presupuestadas que, con las actividades que realizan y por los ingresos que generen, cubren sus gastos e incluso tienen potencial para obtener utilidades.
Entrando con más detalle en esta partida, para el fomento agrícola se destinan solo 1.800 millones de pesos, y para la caña de azúcar, otros 2.800 millones, medidas que se califican como “importantes y estratégicas para la recuperación del sector azucarero”, pero que son totalmente insuficientes para aumentar la oferta productiva agropecuaria.
Entre las proyecciones de futuro se destaca la cifra insignificante de casi 10 mil millones de pesos para la ciencia, la tecnología y la innovación, de los cuales el 38% se financia por el presupuesto y están dirigidos fundamentalmente a la producción de alimentos, energía, biotecnología, industria farmacéutica y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Aunque en 2021 se ajustó el presupuesto para evitar su absoluto descontrol, eliminando el capítulo inversor, como dijo la señora Bolaños en la Asamblea, para 2022 se vuelve a presupuestar dinero para inversiones, pero su ejecución, casi seguro, quedará comprometida. En concreto, las inversiones y transferencias de capital contarán con 37.572 millones de pesos, la cuarta partida del presupuesto, de los cuales el 73% se destinan a las inversiones materiales y obras de infraestructura. Al parecer vuelven a proponer como capítulos para la inversión un total de 15. 689 viviendas (una cifra insuficiente para atender la demanda) y unos supuestos proyectos así de fuentes renovables de energía y programa de desarrollo hidráulico.
Al otro lado del presupuesto, las cosas no van mejor. La estimación de ingresos en base al plan de la economía se sitúa para 2022 en 233.274 millones de pesos, un aumento del 19% nada más y nada menos. Los ingresos que se espera recaudar, tributarios y no tributarios, solo cubren el 76% de los gastos totales, un punto de partida irresponsable de gestión presupuestaria no solo por volver a contraer un déficit que resta recursos para otros actores de la economía, sino que este resultado supone un ejercicio voluntarista destinado a buscar más ingresos aumentando la ya de por sí elevada presión fiscal.
Aunque el dictamen insiste en que conviene prestar más atención a los “objetivos de eficiencia“, en la gestión del gasto, la experiencia de los últimos años obliga a ser poco optimista con esta otra forma de mejorar la actividad presupuestaria.
Una breve revisión de las principales fuentes tributarias y no tributarias apunta a que el modelo fiscal comunista cubano está agotado, y necesita una reforma en profundidad. Por ejemplo, el Impuesto sobre las Utilidades y el Rendimiento de la Inversión Estatal del sistema empresarial como mayor aportador al presupuesto tan solo permite recaudar 63.600 millones de pesos algo menos de la tercera parte de ingresos. Las bases imponibles seguirán debilitadas por la crisis económica y la falta de estímulos. En las condiciones previstas, con menos presión fiscal, y más libertad económica, se podría haber recaudado mucho más.
Los presupuestos locales ejecutarán el 44% de la actividad presupuestada, en línea con los objetivos de acercar la gestión a la población y se destinará 116 mil millones de pesos. En realidad, se trata de financiación de estructuras administrativas, más que otra cosa, si se contempla, por ejemplo, que programas destacados, como la Asistencia Social, Dinámica Demográfica para soluciones habitacionales a las madres con 3 o más hijos menores de 17 años, subsidios a personas con necesidades constructivas en sus viviendas y la transformación de barrios y comunidades en situaciones de vulnerabilidad, tan solo reciben 9.300 millones de pesos.
El dictamen, como no podría ser de otro modo, considera una adecuada redistribución del presupuesto del estado, arrancar de inicio con un déficit estimado de 75.827 millones de pesos, alrededor del 22% del PIB estimado. No es extraño que se vuelva a reclamar la máxima eficiencia en la gestión, y cito textualmente, “reduciendo los gastos sin afectar su uso en los bienes y servicios que se produzcan y el mayor esfuerzo en la búsqueda de los ingresos que contribuyan a su disminución”. Es decir, lo que hicieron con las inversiones en 2021, ahora se podrá extender a otras partidas más comprometidas con el régimen.
Y en ese sentido, se reclama actuar en los siguientes ámbitos: buscar reservas de ingresos de todos los actores económicos, luchar contra la subdeclaración y la evasión fiscal, y el máximo control de los gastos. También se propone continuar con medidas para el fortalecimiento de la contabilidad y el perfeccionamiento de la tesorería, ya aprobadas en 2020 a partir de un documento Ideas, Conceptos y Directrices emanado del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, “Elevar el control sobre la utilización de los recursos financieros del Presupuesto del Estado, tanto en los ingresos como en los gastos”.
El dictamen finaliza fijando dos recomendaciones a los gestores del presupuesto:
Primera, que el Ministerio de Finanzas y Precios, como organismo rector del sistema presupuestario del país, informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la liquidación del Presupuesto del Estado del año 2021 en el mes de julio del 2022, de las medidas de 4 control que se aplican, tanto en los ingresos como en los gastos para mejorar los resultados del déficit fiscal que se propone.
Segunda, que las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular ejecutarán en el transcurso del año 2022, acciones de control dirigidas al uso eficiente del Presupuesto del Estado en los organismos, entidades, provincias y municipios e informarán a esta Asamblea en el mes de diciembre del año 2022.
Al respecto, conviene tener en cuenta que el dictamen no las tiene todas consigo, y dice, “las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, consideran que a pesar de la reanimación gradual que se proyecta en la economía para el próximo año, las condiciones que se deberán enfrentar para su materialización continuarán siendo complejas. En este contexto, la Ley que se propone, contiene los recursos que se pueden disponer y se destinan esencialmente a los programas y actividades vitales en beneficios de la población restringiendo el financiamiento al sistema empresarial”. Más claro no puede estar.
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