El abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios presentó una declaración conjunta de familiares de detenidos por el gobierno cubano, tras las protestas del 11J, ante organismos oficiales nacionales e internacionales.
"Nosotros los familiares, y otras personas, quienes nos adherimos a la presente Declaración Conjunta, exponemos, de manera breve, las penosas consecuencias de la "Orden de Combate", de 11 de Julio de 2021 dada por el Sr. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, con el fin de reprimir a los manifestantes", expresa la nota promovida por Fernández Palacios.
El presidente Díaz-Canel hizo "un llamado al odio y la violencia entre los cubanos por diferencias políticas e ideológicas", añade la declaración, presentada al Consejo de Estado, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, y el Ministerio del Interior.
En paralelo, la nota de los familiares de detenidos por el 11J en Cuba, fue enviada a Naciones Unidas, Unión Europea, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y medios de prensa extranjeros acreditados en La Habana.
La declaración asegura que fueron perpetrados arrestos violentos, incluyendo lesiones no certificadas a manifestantes en Cuba, que son objetos de denuncias promovidas por familiares y el abogado Fernández Palacios por maltratos físicos y psicológicos, violaciones de derechos, garantías, principios, reglas y procedimientos.
La medida cautelar de Prisión Provisional ha sido impuesta de manera oficiosa, y no excepcional, sin tener en cuenta las condiciones personales de los acusados y las circunstancias, con el agravante de estar sustraída del control judicial, añade.
Las entrevistas entre las personas detenidas y su representación letrada fueron grabadas, en ocasiones, por las autoridades o fueron supervisadas, en detrimento de la confidencialidad, señaló el abogado.
El sistema penitenciario ha vulnerado, de manera sistemática, varias de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como normas Mandela, mientras que algunos familiares de detenidos fueron víctimas de actos de repudio, desde la vía pública hacia el interior de sus hogares.
Algunos familiares de las personas detenidas, y otros cubanos, han sido víctimas de hostigamiento y entrevistas coactivas, y sin equipo de grabación, por parte de los oficiales operativos de la Sección 21 de la Dirección General de la Contrainteligencia.
La declaración exige el Estado cubano:
- Ratificar los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.
- Garantizar la integración al Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos.
- Garantizar la adhesión a la Corte Penal Internacional.
- Garantizar el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el Derecho de Manifestación y de Amnistía.
- Garantizar la reforma constitucional para el restablecimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
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