Economía cubana: Reglas fiscales para evitar la crisis de deuda que viene

El hermano de un ministro comunista del gobierno español, Garzón, dijo hace unos días que “el dinero es un invento y que se puede crear sin límites” una frase que ofrece una idea del rigor intelectual con el que se mueven estos halcones de la izquierda radical que, además, opinan que “el Estado no necesita de las empresas para obtener ingresos con los que financiar sus actividades”.

Por suerte, este tipo de planteamientos absurdos están muy alejados de la realidad española.

Pero sí que existe un país en el que estas ideas se reivindican y se imponen por la fuerza a la población, y ese país, por desgracia, es Cuba, que lleva más de 60 años apostando por un modelo que lo único que conduce es al más absoluto fracaso económico. Sí. Las ideas del hermano de Garzón, llevadas a la práctica extrema, sin límites, sin controles, sin oposición, están detrás de la pésima ejecución de la economía cubana. Sin trampa ni cartón. Cuba no puede funcionar por más tiempo con ideas como estas. Su ejemplo queda para todo el que quiera analizar de forma objetiva una realidad incontestable.

El régimen comunista cubano ha llevado a la economía a un escenario en que el tamaño de la deuda pública asusta. Para empezar, los datos son confusos y antiguos. Los últimos publicados por la ONEI, se refieren a 2018 y alcanzaron un 18,2% del PIB. Los déficits acumulados desde entonces, sobre todo, el 17,7% del PIB de 2020, han debido incrementar la deuda en varios puntos. En cualquier caso, el nivel es incompatible con la estabilidad económica.

Imaginemos que, con el nivel actual de la deuda, se produjera un aumento de los tipos de interés de 100 puntos básicos, pues bien, si ello ocurriese, también se produciría un incremento de la carga financiera en porcentaje del PIB de 1,7 puntos y unos gastos adicionales acumulados también superiores.

¿Dónde está el problema? Básicamente en aquello que los comunistas son incapaces de observar. Los ingresos previstos en la recaudación por el régimen de sus activos empresariales y patrimoniales (no olvidemos que en Cuba los medios de producción son de propiedad estatal y la participación privada apenas alcanza un 13% del total) van en descenso como consecuencia de que la economía se encuentra en recesión desde el segundo semestre de 2019, la profundizó durante la pandemia en 2020, y todavía en 2021 si se cerrase el año en el primer semestre se habría producido una caída del PIB del 3%.

Y ante este escenario, no han funcionado ni el perfeccionamiento empresarial, ni actualización de lineamientos, ni las “63 medidas” de la agricultura. Nada de lo que hace el régimen sirve para salir del círculo vicioso de la recesión y la crisis, porque en un escenario complejo e incierto, a los dirigentes no se les ocurrió otra cosa que lanzar la llamada Tarea Ordenamiento, una imposición comunista ante el congreso de mayo, que ha acabado destruyendo las bases productivas de la nación.

De modo que el nivel de la deuda es tan alto en Cuba, y, sobre todo, la externa que no se puede pagar a los acreedores, que la situación actual de la economía cubana ya no está para debates o discusiones, sino para actuar con la máxima diligencia posible, al margen del modelo social comunista origen del desastre.

¿Qué habría que hacer para ordenar realmente la economía cubana y ponerla a funcionar? Por supuesto que está el cambio de modelo, pero antes, y con la máxima celeridad, hay que adoptar medidas de salvación e impacto inmediato. Habría que empezar, por ejemplo, fijando unas reglas fiscales claras, transparentes y objetivas que centren la acción de gobierno dentro de unos límites que no se puedan rebasar de forma discrecional y arbitraria. Se acabó gastar por encima de las posibilidades y hay que empezar a observar qué partidas del presupuesto se tienen que recortar para atender otras.

Así de fácil. El Estado no puede financiar toda la actividad económica de la nación. En Cuba, el peso del Estado en el PIB, medido por los gastos públicos, alcanzó casi un 80% durante 2020, y eso es inadmisible. El restablecimiento de la estabilidad fiscal no se puede retrasar a 2023, por lo que se requieren decisiones urgentes. Hay que ponerse a trabajar, olvidarse del plan (que nunca se cumple) adoptar medidas de control del gasto antes de la primavera del 2022. Será difícil, pero no hay alternativa, ya que los motores de la economía no van a funcionar como espera el régimen. Hay que adoptar decisiones valientes y de alcance porque la situación lo requiere.

Sin embargo, para este tipo de actuaciones, los gobiernos necesitan estabilidad y peso político. Y en el caso de Cuba, se tiene la sensación de que el régimen, encabezado por Díaz-Canel, se encuentra asumiendo un papel interino, cortoplacista, parcheando una realidad que no admite dichas actuaciones y tratando de ganar tiempo. Tiempo, ¿para qué? Cuanto más se tarde en poner en orden la situación económica, más doloroso será el ajuste. El creciente malestar social creado en Cuba por la Tarea Ordenamiento ha provocado ese temor del régimen a un estallido social y la represión del 15N ha confirmado que no está dispuesto a bajar la guardia.

Diseñar esas reglas fiscales y, sobre todo, llevarlas a la práctica puede resultar problemático porque el pulso de poder entre los intereses económicos vinculados a las empresas internacionales y los ortodoxos del régimen se mantiene intacto, y en este punto, en concreto, pueden saltar chispas. A los primeros les puede venir bien menos presión fiscal, pero los segundos necesitan dinero para las arcas del estado para seguir gastando en sus programas y actividades.

No es fácil que se alcance un acuerdo para establecer unas reglas fiscales que acaben otorgando a la economía cubana una cierta credibilidad y confianza internacional. Es lo que tiene el castrismo tardío, que tampoco ha sido capaz de definir un modelo económico sostenible para Cuba, y observa que cualquier medida adoptada con relación al entorno económico acaba provocando efectos negativos sin resolver los problemas de fondo. Por eso, la deuda sigue aumentando, y tan solo las bajas tasas de interés, hacen que la carga de la deuda sea asumible, al menos de momento. Los comunistas creen que “el dinero es un invento y que se puede crear sin límites”.

Las reglas fiscales ayudan a implementar mejor los programas de gasto, en particular, otorgan prioridad a la inversión productiva que es el gran ausente de la economía cubana y que es tan necesaria para mejorar las infraestructuras que soportan el crecimiento económico. Además, unas reglas fiscales podrían servir mucho mejor que el PNDES 2030, por ejemplo, para afrontar la digitalización y el cambio climático a costes bajos, porque incluso si los tipos de intereses aumentaran, la claridad y transparencia en la definición de los programas podría servir para mejorar la eficiencia de las inversiones.

Además, las reglas fiscales benefician a los ahorradores. Cierto es que, en Cuba, el ahorro no alcanza las proporciones que en otros países. El ahorro ordinario en 2020 alcanzó el 53% del PIB, según la ONEI. No es un porcentaje elevado, pero esos ahorros se podrían ver más perjudicados con una brusca reducción de la deuda. De hecho, si los rendimientos son tan bajos en la actualidad es porque la oferta de ahorro es mayor que la demanda (inversión) y, en el caso de que se produjera una reducción drástica de la deuda, los tipos de interés podrían descender aún más. De ese modo, el ahorro, que representa una oportunidad segura de inversión perdería su atractivo, conforme aumenta la brecha entre la oferta de ahorro y la demanda, y los ahorradores se verían muy perjudicados por ello.

Los dirigentes comunistas eluden cualquier debate sobre estas cuestiones, porque son capaces de mantener estable el tipo de cambio oficial del peso con las principales divisas, cuando los mercados descuentan tipos completamente distintos.

De igual modo el Banco Central de Cuba, al que se otorgan competencias en el control de la cantidad de dinero, se mantiene sin hacer nada, a pesar de que la inflación del IPC en octubre pasado fue del 66% con respecto al año anterior. El régimen no quiere debatir estas cuestiones porque en el marco del modelo social comunista no existen instrumentos o herramientas para hacer frente, con éxito, a un desequilibrio interno externo que amenaza con la solvencia de la economía.

Sobre todo, el régimen no querrá poner límites a la deuda, ni establecer unas reglas fiscales basadas, por ejemplo, en la capacidad de pago de la deuda en función de los ingresos recaudados. Esta posibilidad, ni se les pasa por la cabeza.

Los ingresos totales del Estado disminuyeron entre 2020 y 2019 nada más y nada menos que un 25,8% y la tendencia de 2021 no ha sido mucho mejor. Y ello, a pesar de que la presión fiscal se ha mantenido estable e, incluso, ha aumentado en algunas figuras tributarias. La principal amenaza que gravita sobre la economía cubana es que el régimen, para reducir la deuda, se ponga a incrementar los impuestos sin corregir a la baja los gastos. Una actuación tan irresponsable podría acabar dando el golpe de muerte a la economía cubana, sobre todo al naciente sector privado, que necesita un cierto alivio fiscal para crecer y prosperar.

Los dirigentes del régimen no están sometidos a restricciones políticas o administrativas para tomar decisiones sobre gastos e ingresos del presupuesto, dado el control absoluto que ejercen sobre la economía. Sin embargo, no moverán ficha para crear reglas fiscales que, a la larga, acaban suponiendo una restricción a la gestión pública arbitraria que en el caso de Cuba solo responde a la ideología comunista, lo que no se sabe que es peor.

La economía cubana necesita estas reglas fiscales para salir del círculo vicioso en que se encuentra, si se quiere impulsar el desarrollo de la inversión productiva, atraer el capital extranjero, promover el desarrollo del sector privado y facilitar así el aumento de los ingresos para crecer y frenar la deuda. Lo que los comunistas no quieren reconocer es que no se puede vivir eternamente con deuda.