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Familiares de manifestantes del 11J denunciaron la farsa judicial de la vista oral contra 13 cubanos que participaron en las multitudinarias protestas del 11 de julio en la provincia de Artemisa.
Impedidos de entrar a la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial, padres, esposas e hijos se concentraron en las afueras del órgano de justicia en espera de noticias. Solo un familiar por acusado podía asistir al juicio.
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Entre los acusados, están Yeremin Salcines, a quien fiscalía pide 14 años de privación de libertad y Víctor Alejandro Painceira, con petición fiscal de 10 años de cárcel. Penas “extremadamente elevadas”, dijo a CiberCuba Irma Ravelo, esposa de Salcines quien observó fuerte presencia policial en los alrededores y la inconformidad de los familiares.
“Muchos familiares están devastados, llorando, tristes, porque sabemos que lo que esta ocurriendo allá dentro es una injusticia. Casi todos los testigos son manipulados y son preparados, creados por ellos mismos. Todo lo que están diciendo ahí es mentira”, aseguró.
Más adelante precisó que a su suegra y dos familiares mas tuvieron que brindarles asistencia médica porque se descompensaron durante el juicio. “Hay médicos ahí, porque saben la atrocidad que están cometiendo y saben cuál va a ser la reacción de los familiares”, advirtió Ravelo.
“Necesitamos apoyo internacional, aquí no tenemos apoyo”, dijo Ramón, padre de Salcines, al que expulsaron con prepotencia de la entrada del tribunal, según declaraciones previas de Ravelo.
“Mira donde estamos, en un parque escondidos porque esto esta aquí militarizado completo. Ni te dejan verlo, ni te dejan hablar, ni te dejan acercarte al lugar”, agregó el padre que señaló la saña con que tratan a los acusados.
“Todos son delincuentes, incluso mi hijo que es cristiano”, dijo en referencia a como ve el poder a los acusados a pesar de que Salcines es “de una conducta intachable, de un barrio donde todo el mundo lo quiere”.
“Hoy es la vista oral, mañana declaran los testigos; testigos inventados, policías manipulados…la brigada especial, los boinas negras que me lo golpearon...siete puntos tiene en la cabeza”, detalló Ramon en alusión a la lesión provocada por la golpiza que recibió de parte de las fuerzas represivas durante su arresto y posterior traslado a la prisión del municipio de Guanajay.
"Esto es ejemplarizante. Esto es meterle miedo al pueblo. Es lo que están haciendo, dijo el padre de Salcines quien aludió a la forma en que fueron conducidos los presos “amarrados de pies y manos, como si fueran terroristas”, sentenció.
Preguntado por la posibilidad de que se haga justicia en el caso de su hijo, Ramón respondió que no lo cree posible: “Ni en el caso de mi hijo ni en el caso de los demás tampoco. Si hubiera justicia no estuvieran presos, tenían que reconocer que en la constitución una manifestación es permisible y no los tuvieran presos”.
Grettell Arteaga, prima de Víctor Alejandro Rodríguez, dijo estar muy dolida por cómo ha sido tratado su pariente, porque “han construido una bola de mentiras en esas acusaciones” y teme denunciarlo por las posibles represalias que le puedan acarrear defender a “un muchacho que no hizo nada, solo marchar y pedir libertad para su pueblo”, lamentó.
“No sé qué consecuencias me pueden traer estas declaraciones porque no es secreto para nadie que el pueblo cubano está siendo reprimido y nosotros, los familiares, mucho más”, dijo.
La joven recordó que durante la campaña “por la liberación de los cinco héroes marchábamos, hacíamos tribunas, y por los nuestros no nos dejan”, al tiempo que fustigó que tampoco permitieran a la familia “entrar a una sala penal por la propagación de la epidemia, ¿acaso las discotecas en Cuba no están abiertas?”, cuestionó.
Igualmente, aclaró que las autoridades no contemplan el proceso judicial como cerrado porque permitieron la presencia de un familiar por acusado. "Es doloroso que no nos dejen expresarnos. No queremos violencia. Artemisa no rompió un vidrio, no asaltó una tienda…y están fabricando cargos, testigos falsos, todo es mentira”, dijo visiblemente afectada.
La provincia de Artemisa fue la chispa del inicio de las multitudinarias protestas antigubernamentales de los días 11, 12 y 13 de julio, tras la manifestación de los pobladores de San Antonio de los Baños en esa región occidental, inmediatamente replicada por toda la isla.
El 19 de octubre la ONG Human Rights Watch presentó un reporte con 130 casos de violaciones de derechos humanos en Cuba a raíz del 11J e incluyó detenciones arbitrarias, malos tratos, irregularidades en el debido proceso y abuso de poder por parte de la seguridad del Estado, la policía y las brigadas especiales de los llamados "boinas negras".
En estos momentos, la plataforma Justicia11J ha podido documentar 1,274 detenidos, de los cuales 659 permanecen tras las rejas. Asimismo, las autoridades cubanas han emitido 296 peticiones fiscales, incluidas 120 por sedición de hasta 30 años de privación de libertad.
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