La plataforma ciudadana cubana Archipiélago hizo pública este lunes una carta abierta a la comunidad internacional ante la escalada de violaciones de los derechos humanos y la represión contra activistas, intelectuales, artistas, médicos y periodistas independientes en Cuba, a tan solo siete días de la convocatoria para la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.
El grupo pidió apoyo a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, para realizar la Marcha del 15N en Cuba, además de reiterar sus denuncias por la represión a la que están siendo sometidos los promotores de la manifestación pacífica, y el acoso a un nutrido grupo de seguidores de la plataforma que han expresado públicamente su apoyo a la protesta y están siendo “víctimas de estigmatización, acoso y represión, pública y personal”.
A una semana de la realización de la Marcha Cívica por el Cambio, esta plataforma alerta al mundo de la violencia que se ejerce sobre ellos por reclamar el elemental derecho humano de manifestarse, por pensar diferente y, además, por exigir la libertad de los presos políticos cubanos, mayores libertades y un giro hacia la verdadera democracia en el país.
A continuación reproducimos la carta íntegra de Archipiélago a la comunidad internacional:
8 de noviembre de 2021
Carta abierta a la Comunidad Internacional:
Desde la entrada en el poder del Sr. Miguel Díaz-Canel Bermúdez como Presidente de la República de Cuba, la escalada de violaciones de los derechos humanos y la represión han ido en aumento. El ensañamiento ha traspasado el marco de la oposición política, implicando a activistas, intelectuales, artistas, médicos y periodistas independientes.
Desde abril de 2018 hasta la fecha constan más de 9000 detenciones y más de 4200 retenciones, todas arbitrarias, lo cual representa, al menos, más de 13 mil medidas represivas contra la libertad de movimiento de ciudadanos cubanos por motivos políticos. Hay más de 600 presos políticos.
A las violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos hay que añadir el agravamiento de la situación humanitaria, que se evidencia en el deterioro de todos los servicios públicos, la economía familiar y la continua gentrificación poblacional.
De acuerdo a informes consultados de organismos internacionales como el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (OCDH), más del 70 % de los cubanos viven en la pobreza; 8 de cada 10 no han podido conseguir medicamentos en las farmacias; el 73 % califica la alimentación de su familia como deficiente y más del 80 % sufre constantes cortes de electricidad.
Las acciones represivas combinadas con las insensibles medidas llevadas a cabo por el gobierno cubano han generado resultados contraproducentes. El Observatorio Cubano de Conflictos ha monitoreado la situación de las protestas en Cuba y las mismas han ido en aumento constante. De septiembre de 2020 a octubre de 2021 la cifra de hechos de protesta asciende a más de 3000, teniendo diferentes escalas y alcances.
Especial mención ameritan los acontecimientos del 11 de julio, cuando estallaron en todo el país protestas masivas antigubernamentales que exigían radicales cambios políticos, económicos y sociales. Ante el reclamo del pueblo desarmado en las calles, el Presidente Díaz-Canel emitió una orden de combate que no solo estaba dirigida a los cuerpos de policía, militares y paramilitares, sino que también incitaba a los civiles que apoyan su gobierno a que se movilizaran para agredir a todo aquel que se le opusiera. Su objetivo era acallar por la fuerza todo ejercicio de disenso a su política y su gobierno, declarando que las calles son (solo) de los revolucionarios.
El saldo de esta orden de combate fueron cientos de heridos, un deceso y más de 1100 detenciones arbitrarias, cientos de denuncias por secuestros, tratos inhumanos, torturas y agresiones físicas y psicológicas por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Departamento de Seguridad del Estado (DSE). De esta cifra quedan todavía en centros de detención y prisiones más de 600 personas, entre las que se encuentran 15 menores de 18 años de edad. Cientos de estos detenidos fueron procesados por delitos imaginarios en juicios sumarios, sin derecho a la defensa, sin pruebas, sin el debido proceso, recibiendo condenas de meses o de varios años por el solo hecho de haber participado pacíficamente en las manifestaciones, haber registrado los hechos en sus teléfonos o haberse resistido a los golpes y arrestos arbitrarios. Aunque el gobierno los califique como delincuentes comunes, el hecho es que las peticiones de la fiscalía de 20 años de condena para jóvenes de apenas 20 años revelan que se quiere dar un castigo ejemplarizante a la disidencia.
Es en oposición a la forma en que se conduce el país que presentamos a las autoridades nuestra intención de efectuar una Marcha contra la violencia, originalmente planificada para el 20 de noviembre. Pero, en respuesta, el gobierno programó para ese día una movilización militar. Con la intención de evitar cualquier conflicto en el espacio público, cambiamos la fecha para el 15 de noviembre.
Sin embargo, la respuesta esta vez fue más directa y confrontacional: aprovechando la ausencia del estado de derecho y de una real tripartición de poderes, declararon ilícito este ejercicio cívico y constitucional. Se niega nuestro derecho por razones manifiestamente políticas. Las autoridades han desatado una feroz campaña de amenazas, intimidación y coacción contra los promotores, y contra toda persona que declarase, públicamente, su apoyo a la iniciativa.
No satisfechas con la intimidación, las autoridades no han tenido reparos en incitar al odio y a la violencia a la ciudadanía. Se está estimulando que los partidarios del gobierno reduzcan, a través del uso de la fuerza, a los manifestantes pacíficos este 15 de noviembre. Mientras tanto, a la ciudadanía que manifieste su descontento con el gobierno se le amenaza con expulsiones laborales, intimidación en sus entornos afectivos, linchamientos en la televisión nacional, prisión y severas sanciones. Como colofón en sus comparecencias públicas el presidente Díaz-Canel ha amenazado con volver a dar otra orden de combate como la del 11 de julio.
El hecho de que el Estado cubano no haya ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no lo exime del deber de ser garante principal de los derechos de su pueblo. Así como son principios de la Carta de las Naciones Unidas la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado, también está contemplado en dicha Carta que los miembros deben fomentar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La soberanía no debe ser invocada como sinónimo de impunidad.
En la Cumbre Mundial de 2005 se aprobó el concepto de responsabilidad de proteger (R2P), encaminado a identificar la responsabilidad de todo Estado de defender a sus poblaciones contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno cubano pretende omitir ese deber para con su ciudadanía. Ya lo hizo de manera flagrante y pública a raíz de los acontecimientos del 11 de julio y días subsiguientes y, a juzgar por sus acciones recientes contra los promotores de una Marcha pacífica, pretende volver a agredir a su propio pueblo.
Nuestra marcha no busca ningún tipo de confrontación violenta con el poder; por el contrario: es una invitación a la paz, y un rechazo a los discursos y acciones violentas, vengan de quien vengan. Es ante las amenazas del gobierno, de los órganos represivos y de sus partidarios más radicales que nos preocupa la seguridad de los manifestantes. Tememos que las medidas y sugerencias que estamos dando a la ciudadanía para evitar y prevenir de manera pacífica la posible represión no sean suficientes.
En 2016 la República de Cuba suscribió un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea, entre cuyos principios está el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, que reconoce, además, como actores de la cooperación, a la sociedad civil.
Amparándonos en el mencionado Acuerdo de Cooperación, como actores de la sociedad civil cubana que somos, nos dirigimos a los ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarles a que estén pendientes de las calles el venidero 15 de noviembre.
Sentimos que el acompañamiento de actores internacionales podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos. Queremos que sea un día recordado por la concordia, el respeto y el civismo; haremos todo lo que esté en nuestras manos por garantizar la seguridad de los manifestantes, y agradecemos de antemano toda ayuda y apoyo que comparta los mismos objetivos de esta Marcha Cívica del Pueblo Cubano: el respeto a los derechos fundamentales, la lucha pacífica contra la violencia y la liberación de todos los presos políticos.
Grupo de Moderadores de Archipiélago
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