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El jurista cubano Frank Ajete catalogó como inconstitucionales las amenazas de la Fiscalía contra los miembros del grupo Archipiélago, y criticó el rol que asume esa institución al defender de forma lamentable los intereses del gobierno cubano.
“La rueda de prensa que se diera hoy, a raíz de la citación que se le hiciera a Yunior García para apercibirlo sobre las consecuencias jurídico-penales de su insistencia o de su empuje en pos de ejercer un derecho constitucional, fue una declaración bastante lamentable, en un momento bastante lamentable”, refirió Ajete este jueves en un video en su canal de YouTube.
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Ajete comentó que el 12 de octubre último el mencionado organismo judicial brindó una respuesta plegada en la que negaba a los miembros de Archipiélago un derecho fundamental, reconocido además en la Constitución cubana, aprobada en 2019.
Asimismo se refirió al papel de las intendencias municipales que se negaron a la petición pacífica de manifestarse que tramitaron los integrantes de la plataforma, pues no está dentro de sus funciones realizar interpretaciones a la Carta Magna. Esa facultad puede ser ejercida exclusivamente por la Asamblea Nacional. Ajete remarcó el trasfondo político de estas acciones, que solo benefician al régimen y transgreden de manera directa las libertades de la ciudadanía.
Las declaraciones de Ajete, quien ejerció como fiscal en Cuba, destacaron además que el procedimiento adecuado consistía en realizar una consulta a la Asamblea, aunque señaló que esta instancia nacional también responde a los intereses autoritarios del régimen.
“Yo, por mi parte, apoyo al 100 % el ejercicio de derechos constitucionales, el ejercicio del derecho a la manifestación. Me opongo al bullying gubernamental”, afirmó el jurista al final de su publicación.
Estos acontecimientos se unen a sucesos de días anteriores, en los que varios miembros de la Plataforma Archipiélago fueron expulsados de sus centros laborales.
En diferentes provincias cubanas las autoridades amenazaron con disímiles sanciones e incluso sentencia de cárcel a quienes participen de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el próximo 15 de noviembre.
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