El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, promover una iniciativa internacional para proteger de la represión a los manifestantes del 15 de noviembre en Cuba.
La organización envió una carta a la funcionaria con un mensaje urgente de alerta, luego de conocer la prohibición decretada por las autoridades cubanas, que consideraron "ilegal" y "anticonstitucional" la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago para el 15N; y la decisión de los convocantes de mantener la iniciativa en pie.
OCDH advirtió que podrían repetirse acciones violentas contra los manifestantes, como las ocurridas en las protestas de julio pasado.
"La respuesta del gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos organizadores y la amenaza de la Fiscalía General de la República de que deberán enfrentar las consecuencias si deciden marchar", expresa el texto.
La carta, suscrita por el director ejecutivo de OCDH, Alejandro González, defiende el derecho de los cubanos a manifestarse libremente sin ser reprimidos y pide a Bachelet que exija al gobierno cubano la liberación de todos los prisioneros políticos.
Bachelet "no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes y entre ellos, al menos 27 menores de edad", señala la misiva.
Asimismo, recuerda a la chilena que ella fue víctima de la represión bajo la dictadura de Augusto Pinochet, para pedirle empatía con los cubanos que sufren por querer ejercer sus derechos.
OCDH también hizo llegar a la alta comisionada un informe jurídico donde demuestra con base en la Constitución cubana la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre.
Recordó, además, los compromisos internacionales que el gobierno de Cuba está obligado a cumplir en materia de derechos humanos.
En Twitter, el observatorio denunció la ola represiva contra la plataforma Archipiélago y otros ciudadanos promotores de las marchas del 15N en el país y ratificó que "manifestarse libremente es un derecho".
El jueves, la Fiscalía General de la República advirtió a los jóvenes que han notificado sus intenciones de marchar el próximo 15 de noviembre sobre las consecuencias legales de participar en esa iniciativa ciudadana.
Amenazó con procesar a los manifestantes por los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros, todos previstos y sancionados en la legislación penal vigente en la isla.
Las autoridades cubanas consideraron "ilegal" la Marcha Cívica a pesar de que la Constitución concibe en su artículo 56 el derecho a la manifestación pacífica.
Aunque después de estas amenazas, los cubanos agrupados en Archipiélago se exponen a una brutal represión, la plataforma ratificó anoche su intención de salir a las calles ese día vestidos de blanco.
"Los miembros de Archipiélago hemos decidido marchar, solo nos quedan nuestros cuerpos, el poder quiere cortar nuestras ganas de hacer camino a la democracia", afirmaron.
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