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Los senadores republicanos de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, presentaron este lunes una propuesta de legislación bicameral para reforzar sanciones contra militares y funcionarios cubanos involucrados en violaciones de los derechos humanos
Bajo el nombre de Ley de Negación de Ingresos a la Oligarquía Militar en Cuba y Restricción de Actividades del Aparato de Inteligencia Cubano (DEMOCRACIA, por sus siglas en inglés), el proyecto de Ley responsabilizaría “al régimen ilegítimo” de abusos contra los derechos humanos y abriría la posibilidad de imponer severas sanciones y una presión financiera sin precedentes.
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De ser aprobada, la legislación autorizaría al presidente a imponer sanciones a una persona extranjera si se determina que participa -a sabiendas- en una actividad vinculada a los sectores de la defensa, la seguridad, la inteligencia o cualquier otro que lleve a cabo abusos contra los derechos humanos en Cuba, o brinde apoyo al terrorismo internacional. Las sanciones abarcarían medidas como el bloqueo de activos y la prohibición de entrada a territorio estadounidense.
Estarían en el punto de mira de las autoridades todos aquellos que brinden apoyo financiero, material o tecnológico, o que participe en una transacción significativa con el sector de defensa, seguridad o inteligencia de Cuba o cualquier entidad o individuo afiliado a ese sector (incluido su familiar adulto inmediato). De igual forma, las entidades en las que dichos individuos participen al 25% o más, se verían sujetas a sanciones.
Asimismo, autorizaría al presidente a imponer sanciones con respecto al abuso de los derechos humanos y la corrupción en Cuba, incluyendo a miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC), incluyendo la Oficina de Asuntos Religiosos y miembros del Buró Pólitico y el Comité Central.
La Oficina del presidente de Cuba, los miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, el MININT (incluyendo la PNR), las FAR y los responsables de los CDR estarían en la diana de las sanciones, en caso de verse involucrados en violaciones de los derechos humanos.
Cualquier funcionario del régimen cubano que trabaje con el Ministerio de Justicia o la Procuraduría General de la República y que viole los derechos al debido proceso de una persona en Cuba, entraría en la lista de los sancionables. El listado se completa con el cónyuge e hijos de cualquiera de quienes sean bloqueados por las autoridades, los cuales también estarían sujetos a sanciones.
Por último, la Ley DEMOCRACIA autorizaría al presidente a poner fin a estas sanciones solo si certifica al Congreso que el régimen cubano “ha puesto en libertad a todos los presos políticos, ha legalizado todos los partidos políticos, ha permitido una prensa libre; y ha programado de manera oportuna elecciones libres, justas y observadas internacionalmente por múltiples partidos.
De igual forma, crearía las condiciones para que el presidente utilice de de inmediato todos los medios posibles para brindar al pueblo de Cuba un servicio de Internet confiable y sin restricciones que no esté censurado ni bloqueado por el régimen cubano.
“Ampliando la legislación existente, la Ley DEMOCRACIA busca imponer un costo a las personas que continúan oprimiendo al pueblo de Cuba”, declaró Rubio, miembro de Alto Nivel del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.
“Desde su líder títere, Díaz-Canel, hasta sus compinches de GAESA, la dictadura cubana ha seguido enriqueciéndose ilegalmente mientras los cubanos cotidianos siguen siendo blanco de opresión, censura y violaciones de derechos humanos. Como Estado patrocinador del terrorismo, la dictadura de Castro / Díaz-Canel continúa amenazando nuestra estabilidad regional a través de su apoyo activo a los regímenes antidemocráticos en nuestro hemisferio”, añadió.
Por su parte, el senador Scott expuso que “durante décadas, Cuba ha sido la raíz de la inestabilidad en América Latina y una amenaza constante para la seguridad nacional de Estados Unidos”, además de ofrecer cobijo a grupos terroristas.
“El régimen de Castro ha eliminado elecciones libres y justas, amenaza y arresta arbitrariamente a críticos, periodistas y activistas políticos, y apuntala a otros dictadores despiadados, como Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua. Mientras continúa la lucha del pueblo cubano por liberarse del opresivo e ilegítimo régimen comunista cubano, Estados Unidos debe defender la democracia cubana”, propuso Scott.
La Ley DEMOCRACIA contempla la imposición de “severas sanciones contra la Cuba comunista y cierra las brechas de sanciones existentes” y expresa la voluntad política del país vecino de no quedarse indiferente frente a la represión ejercida contra los activistas de la sociedad civil.
A la propuesta de legislación de Rubio y Scott se sumaron los senadores Mike Braun (R-IN), Tommy Tuberville (R-AL) y Roger Marshall (R-KS). En el caso de los congresistas, se sumaron a la iniciativa bicameral los diputados Byron Donalds (R-FL), Mario Díaz-Balart (R-FL), Carlos Gimenez (R-FL), María Elvira Salazar (R-FL), Brian Babin (R-TX) y Alex Mooney (R-WV).
“Esta legislación bipartidista apunta a los peores abusadores del gobierno autoritario por sus atroces violaciones de derechos humanos contra los activistas por la democracia y reafirma nuestro compromiso con la libertad, la libertad y la justicia. El pueblo cubano necesita y merece el apoyo total de Estados Unidos en su lucha incansable y justa por la liberación del régimen comunista cubano”, expresó el congresista Donalds.
“Hoy, mis colegas y yo estamos introduciendo una legislación para negar el apoyo material a la brutal, opresiva y antiamericana dictadura cubana y para exigir a la Administración Biden que utilice cualquier medio disponible para brindar acceso a Internet al pueblo cubano, lo cual ellos han rechazado. Hasta ahora”, dijo Díaz-Balart. “Mientras los valientes activistas a favor de la democracia y los derechos humanos continúan exigiendo libertad, y muchos siguen encarcelados por atreverse a hablar en contra del régimen, esta legislación es fundamental para promover una Cuba libre y democrática. Felicito a mis colegas, el congresista Byron Donalds y el senador Rick Scott, por apoyar al pueblo cubano”.
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