La respuesta de los gobiernos municipales al dramaturgo Yunior García Aguilera y otros promotores de la marcha del 15N en Cuba, confirma el carácter totalitario de la dictadura más vieja de Occidente porque viola preceptos constitucionales para actuar contra los ciudadanos.
El documento entregado a los promotores del 15N en varias provincias interpreta derechos constitucionales de forma no ajustada a Derecho, porque cataloga como excluible toda acción autónoma con respecto a los designios del gobernante partido comunista, único legal en Cuba.
Al mismo tiempo, apelando al artículo 4 de la Constitución vigente, resuelve que las pretensiones cívicas de los convocantes del 15N son traición a la patria, colocando a promotores y ciudadanos fuera de la nación, tildándolos de enemigos de Cuba y personeros de poderes extranjeros.
Con está ilegalidad, el poder sigue insultando a los cubanos que discrepan de la línea oficial, presentándolos como meros instrumentos de naciones extranjeras, pretendiendo desconocer las causas reales de la protesta, todas legítimas e internas, como demostró la rebelión del 11J.
Siguiendo la lógica totalitaria que inspira la respuesta gubernamental a Yunior García y demás cubanos descontentos, las autoridades acaban de crear la categoría de expatriados dentro de la isla; expulsándolos de la República y de la ley, privándoles de derechos ciudadanos.
Por si no bastara, el documento -que es idéntico en el contenido, excepto en sus destinatarios- invade competencias de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, únicos facultados para los cometidos que se atribuyen los gobiernos municipales, en esta pantomima jurídica de subordinados de los mayores violadores de derechos en Cuba.
Cuando un gobierno viola sus propias leyes va camino de la perdición, aunque ahora organice matutinos y actos de reafirmación totalitaria para fingir aclamación popular a sus disparates.
Tiene Archipiélago, en la respuesta del gobierno cubano, la mejor prueba de su victoria política sensata frente a la arbitrariedad de un régimen acobardado, que pisotea sus propias leyes porque ya no le sirven para amedrentar a los cubanos.
El 12 de octubre de 2021 pasará a la historia de Cuba como ejemplo de injusticia, que avergonzará a más de un jurista imbuido de la ética que debe regular las acciones gubernamentales, como salvaguarda de la nación.
Cuando un gobierno actúa al margen de la ley, solo reconoce gran debilidad; y el ejecutivo de Díaz-Canel es el peor posible para el peor momento de Cuba, hasta el absurdo de creer que afronta descontento por pobreza y desigualdad, cuando está ante un reto político descomunal, solo solucionable con libertad y democracia.
Yunior García y sus compañeros actúan sujetos a la ley e inspirados en las prédicas de honor de Rafael María de Mendive, Ignacio Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes; mientras que sus represores son continuistas de Fidel y Raúl Castro Ruz, que violaron la ley desde el primer disparo en el Moncada y fusilaron cubanos retorciendo sentencias judiciales.
El 11J marcó el estreno del ejército en la represión popular y el debut del presidente Díaz-Canel como instigador de una guerra civil entre cubanos; y ahora buscan una argucia legal para contener la justa ira de ciudadanos comprometidos con la nación.
Ya sabíamos que la dictadura anticubana tiene miedo. Ahora hemos constatado que actúa chapuceramente, confundiendo lo importante con sus urgencias, como mediocres persuadidos de una invencibilidad imaginaria por la guapería infantil que los delata.
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